A nuestro entender, es de lo más oportuno. Porque los trabajadores y trabajadoras somos asimismo vecinos y vecinas que hemos de padecer las consecuencias de la dejación que algunos electos hacen de su obligación de defender el interés público: en los últimos veinte años, muchas ciudades españolas se están desarrollando siguiendo el modelo urbanístico anglosajón de edificación dispersa, cuyas consecuencias indeseadas son los excesos en cuanto a exigencia de territorio, dimensión de las redes de transporte y uso masivo de vehículos, despilfarro de energía y elevada contaminación. Además, este modelo separa a las poblaciones por sus niveles de renta y conduce por lo tanto a una pérdida de la cohesión social de los habitantes de las ciudades.
¿Son conscientes los políticos locales de las consecuencias del modelo al que nos arrastran? Posiblemente no: muchos de ellos no leen, no se informan, no acuden a conferencias sobre estos temas. No son verdaderos políticos, son acomodados contables de la gestión pública, tan cómodos que cada vez la vacían más a favor de alguna empresa privada.
El modelo de urbanizaciones dispersas, controvertido ya hasta para el Gobierno (Ministerio de Medio Ambiente, Fiscalías), está sin embargo de moda entre algunos políticos a los que parece no preocupar sus consecuencias. En su mundo de dirigentes, los arrogantes beneficiarios del poder cuatrienal se ven más próximos a los grandes empresarios que a la base de los trabajadores y trabajadoras que constituyen la ciudad como hecho social. Si la urbanización dispersa es el modelo del constructor ávido de beneficios, automáticamente pasa a serlo del político acomodaticio: los supuestos pares hacen frente común.
El hecho urbano necesita, pues, de la implicación de los ciudadanos y ciudadanas que sientan como posible un mundo más justo, humano, solidario, tolerante y sostenible, frente a quienes sitúan su particular beneficio económico por encima del bienestar de la mayoría y frente a los dóciles que regalan a terceros algo que les fue confiado a ellos: el voto para que hicieran de nuestras ciudades un lugar más habitable.
Durante 2009 estamos desarrollando un ciclo de conferencias desde dos ejes imaginarios: el global, con el filósofo Francisco Jarauta, el geógrafo Emmanuel Rodríguez y la arquitecta Almudena Sánchez Moya -ambos del Observatorio Metropolitano de Madrid (OMM)- t el juez José Manuel Buján; y el local, con la periodista Ana Gaitero y el abogado urbanista y arquitecto Nicolás Astiárraga.
De lo escuchado resumimos que el debate del futuro de la ciudad se plantea en tres aspectos, relativos a su forma, función y cohesión social, cada uno de los cuales plantea un dilema para la ciudad: el primero si ha de ser compacta o dispersa; el segundo si compleja o especializada; y el tercero si ha de integrar o segregar a los grupos sociales urbanos.
Aludiendo a las charlas, los representantes del OMM nos anticiparon su intervención con un titular de prensa esperanzador: “León puede ser sostenible si hay intención política y demanda ciudadana” y expusieron después, con profusión de detalles, el cúmulo de inconvenientes que acarrea el sobredimensionamiento de la ciudad dispersa, con el ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en la capital española.
Entre tales efectos de la dispersión urbana, expuso después la periodista Ana Gaitero refiriéndose a la primacía del coche en la ciudad, ésta “se muestra hostil a todas las personas frágiles o sobrecargadas; a quienes tienen alguna discapacidad o enfermedad, a las personas mayores, a los niños y a las niñas y a las mujeres; es decir, a la gran mayoría de la población”. Añadió que “se pierde la esencia de la ciudad tradicional: el contacto, el intercambio y la comunicación proyectados en el espacio público son sustituidos por la casa y los espacios privados de ocio, compra, transporte, etc.”, y propuso “herramientas para el cambio”, tales como “evitar que el centro histórico se convierta en ciudad de turistas ajena a la ciudadanía local”, “utilizar la calle como lugar de encuentro y no sólo de paso... un espacio de socialización positivo” o “recuperar la memoria de la ciudad... y generar apego al barrio”.
El profesor Jarauta incidió en que el tiempo de los proyectos aislados y grandiosos, los llamados “edificios marca”, ha pasado. Y en su lugar propuso proyectos a la medida de las necesidades de la ciudad, lo que suponía hacer políticas favorables a la gente joven, los inmigrantes, las personas mayores, las mujeres... para construir una ciudad solidaria y que produzca efectos de vida. En ese contexto “es tan importante una escuela como un gran museo”, añadió, reivindicando la “utopía del barrio”.
De sus intervenciones nos queda la idea de que la ciudad no tiene por qué convertirse en un parque temático exánime cuyo fin es el turismo y el negocio sino en un espacio vivo y favorecedor de vínculos, intercambios e interdependencias entre sus habitantes, la “ciudad de las personas” (A. Gaitero).
Pero ha habido otra idea relevante. Ante el reto de si “otra ciudad de León es posible”, tanto Gaitero como Astiárraga, dos profesionales reconocidos, ajenos al quehacer político, subrayaron lo determinante de la implicación ciudadana para lograrlo. La primera hizo un repaso de las numerosas experiencias municipales de participación ciudadana (promovidas o mantenidas por gobiernos locales de distintas formaciones políticas) y el segundo incidió en la misma necesidad y llegó a proponer la constitución en León de un “Foro de la ciudad”.
Aún nos resta escuchar las ideas del juez Buján que se centrará en el respeto a la legalidad y la ética de los responsables del desarrollo urbano. No obstante, ya podemos adelantar nuestro apoyo a la propuesta de creación de una plataforma ciudadana que se plantee el reto de pensar el modelo urbano: un foro abierto, más proactivo que reactivo, multitemático, respetuoso de normas e instituciones... y no partidista pero sí político, porque de “salvar la polis” se trata.
Firmado junto a Carlos Pérez-Alfaro y publicado en El Mundo de León,
julio 2009
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