Blog de Ignacio Fernández

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sábado, 25 de diciembre de 2010

Las pensiones

    De vez en cuando es adecuado y sano recordar lo obvio: nuestro sistema de pensiones es el mecanismo más potente de solidaridad interregional e intergeneracional de que disponemos la sociedad y los trabajadores españoles y el factor de estabilidad social de mayor solidez, si se sostienen las prestaciones en su configuración pública y de reparto. Su existencia favorece la cohesión social y la actividad económica, a la vez que ha demostrado ser a lo largo de los años un elemento de estabilidad para afrontar el ciclo vital de las personas y limitar los efectos negativos que se producen sobre ellas por carencia de actividad o de rentas.

     No obstante lo anterior, son numerosos los intereses particulares que han pretendido y pretenden poner en jaque al sistema para adueñarse de todo o de parte de ese bien común. Lo han intentado algunas comunidades autónomas al desear la ruptura de la caja única y lo anhelan como obsesas las entidades financieras para su exclusivo lucro y beneficio. En este último caso, su adalid más aguerrido en los tiempos actuales de confusión y rapiña es el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un fracasado en su verdadero cometido de haber evitado el endeudamiento del país y de sus habitantes durante los años de vida alegre. Hoy, sin embargo, predica con la fe de los conversos aquello que no le toca, entre otras materias sobre la necesidad de endurecer el sistema y las condiciones para acceder a una pensión. Y lo hace, al igual que otros muchos, como una tautología, como un dogma apoyado apenas en argumentos de cartilla escolar, ocultando con mala intención qué ha sido de aquéllos que apostaron en su día por sistemas de capitalización privada evaporados en medio de la marea especuladora. Véase el caso de Islandia o de Irlanda.

     Todo es reformable, en efecto, y así ha sido durante los últimos 15 años, los que tiene de vida el llamado Pacto de Toledo, que no es otra cosa que el espíritu de acuerdo político y social que permitió asegurar también en malos momentos el futuro del sistema de pensiones hasta alcanzar su superávit actual. Lo que corresponde ahora, a nuestro juicio, es asegurar, sí, la sostenibilidad del sistema público de pensiones actuando en una triple dirección: reforzar su estructura de ingresos, impedir conductas adversas de planificación personal y reforzar la equidad y justicia internas del mismo.

Publicado en La Crónica de León, 30 diciembre 2010 

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