A nadie debería despistar, a poco que se proceda con rigor y se analice la realidad con un mínimo de sentido global, que no existe maniobra más burda, a la hora de desviar la atención de la opinión pública sobre asuntos de verdadero interés general, que centrar aquélla sobre los aditamentos en lugar de promover debates serios sobre cuanto sí resulta nuclear. Por ello no deja de ser sorprendente que en este comienzo de curso escolar el objetivo de las polémicas haya girado -y continúe haciéndolo sin aportar nada realmente nuevo o con significado sustancial- en torno a aspectos que inciden sólo y con facilidad sobre sensibilidades epidérmicas del hecho educativo, mientras que se eluden con evidente intención otros sobre los que en verdad gravita el presente y el futuro de la educación en nuestro país.
Por lo que parece, a pocos nos preocupa en estos momentos la financiación de la enseñanza o el proceso de fragmentación -y con ello la creación de desigualdades- que sufre el sistema educativo, administrado de forma inconexa por diecisiete comunidades autónomas y un ministerio autista. Poco o nada se ha oído en fechas recientes acerca del desmantelamiento interesado del sistema público de enseñanza, o sobre las todavía precarias condiciones a las que se enfrentan los trabajadores para impartir esa enseñanza, así en centros públicos como en privados. Por el contrario, resulta que lo que se nos está vendiendo desde los poderes públicos y a través de los medios de comunicación como fundamentos de la calidad de enseñanza no son sino ejemplos, entre otros, de la intersección que habitualmente se produce entre los trastornos sociales y la organización educativa, esto es y sin restarle importancia, pura periferia del fenómeno educativo: ampliación o reducción de la jornada lectiva, extensión del calendario escolar, vigilancia de los recreos, etc.
La maniobra, perfectamente orquestada y dirigida a nuestro juicio con la única intención de desprestigiar aún más los valores intrínsecos de la educación (y en ello no cabe duda de que quien más perjuicio recibe es siempre el ámbito público), estaba condenada a triunfar. Desde los Consejeros autonómicos con prurito de señorío en el escalafón político-administrativo, quienes conocen a la perfección el rápido eco que estos temas tienen en el emocionario social, el fenómeno ha ido creciendo de colectivo en colectivo y ya nadie se escapa de su dinámica manipuladora. De inmediato, las asociaciones de padres y madres, en un alarde notable de argumentación didáctica, han recogido el guante y han terciado en la copla con el famoso estribillo de atribuir el fracaso escolar a las excesivas vacaciones de niños y niñas; acto seguido, rancios grupos gremiales de los más rancios centros de enseñanza, impasibles por lo general a cualquier agresión de carácter laboral o pedagógica, han clamado solidaridad ante lo que consideran la más grave ofensa a sus derechos profesionales; por último, grupos de alumnos se han sentido atraídos por algunos destellos del problema y no han dudado en amenazar con movilizaciones si las alambradas les separan del bocadillo y del paseo matinales. He aquí, por tanto, cómo por fin los sectores educativos, todos a una y no obstante sus visiones divergentes, han conseguido ponerse de acuerdo acerca de determinar cuáles son los males y bienes de la enseñanza en España. Y así, con esa monotonía de los otoños escolares, el curso se ha emprendido y nadie sabe verdaderamente cómo ha sido.
Pues bien, desenmascarada la futilidad de todo ese entramado anterior, si alguna conclusión seria puede extraerse del mismo es la conveniencia de acordar soluciones para tan severas inquietudes y hacerlo, no desde el ordenancismo en que incurren muchas de las autoridades educativas, sino desde la discusión, la negociación y el entendimiento entre todas las partes implicadas que, por una vez y como hemos dicho, parecen compartir la oportunidad de abordar tales cuestiones. Y hacerlo, además, conscientes de que se trata de una falsa polémica a la que se nos ha conducido con alevosía, para que así podamos cuanto antes y sin ninguna otra añagaza sentarnos a solucionar los verdaderos retos de la educación.
Para contribuir a tal fin, el Sindicato de Enseñanza de CCOO, sin perjuicio de abundar en otro tipo de consideraciones posteriormente y en el ámbito que resulte adecuado, apunta aquí una perspectiva que la opinión pública debe tener muy presente. Cuando hablamos de ampliar la jornada lectiva, de modificar el calendario escolar o de la vigilancia en los períodos de recreo, es muy peligroso, amén de equivocado, tratar con ello de resolver trastornos sociales ajenos a lo estrictamente educativo, pues la complejidad cada vez mayor de nuestra sociedad ni debe ni puede ser resuelta sólo desde el ámbito de la escuela. Ábranse los colegios e institutos las 24 horas de los 365 días del año, si así se estima, pero diferenciando claramente jornada lectiva de jornada escolar, es decir, nunca a costa de la jornada de profesores y alumnos sino creando el empleo necesario para atender las nuevas demandas sociales. Modifíquese el calendario escolar no para ampliarlo a capricho, pues de ninguno de los rigurosos informes de la Unión Europea o de los teóricos de la pedagogía se desprende tal necesidad, sino para asegurar ritmos de estudio y rendimiento óptimos, sin desequilibrios ilógicos entre trimestres y, sobre todo, rompiendo de una vez la mala costumbre de hacerlos dependientes de las festividades religiosas. Y legíslense, si oportuno parece, las condiciones de los recreos sin abusar del rol de guardia que el profesorado ejerce en las circunstancias precisas para ello, sin disminuir los derechos de los alumnos, y combatiendo a la par la jugosa oferta de locales que el consumo y el ocio ha colocado en los alrededores de los centros educativos.
Sirvan por lo tanto estos apuntes para situar la polémica en su justo lugar y dotarla de algún sentido constructivo, alejado de la frivolidad de muchas de las declaraciones vertidas al respecto. Es objetivo de nuestra organización sindical animar también con ello a la propia Consejería de Educación de Castilla y León, para que encare estos asuntos con buenas maneras (discusión, negociación y acuerdo), lo que sin duda vendrá a asegurar desarrollos y comienzos de curso mucho menos caóticos que el presente, donde su obcecación por imponer un calendario ha producido abusos, irregularidades, desorden y desbarajuste para toda la comunidad educativa.
Publicado en T.E. Castilla y León, diciembre 2000
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