Contra las privatizaciones

    Uno de los dogmas que con mayor fuerza castiga a nuestra sociedad a lo largo de los últimos tiempos es la idea neoliberal de la presunta superioridad de la empresa privada sobre la pública, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia y del control. Esta idea, que poco a poco se ha ido extendiendo desde los sectores políticos y económicos más conservadores hasta algunas de las organizaciones sociales y políticas más progresistas, ha hecho posible la creciente privatización de los servicios públicos de todo tipo, sin distinción alguna.

    Curiosamente, en el momento actual de desconcierto por el que atraviesa el mundo, esa tendencia se expresa de forma muy contradictoria. Mientras que el Estado acude al rescate de las iniciativas privadas tóxicas para salvar el sistema, las administraciones públicas aprietan el acelerador de la privatización, a veces por razones puramente financieras, a veces por simple complicidad con los sectores de la construcción a la deriva. En el caso español cohabitan una y otra faceta, sobre todo por lo que se refiere a los ayuntamientos endeudados y a las grandes constructoras, a la vez auténticas multinacionales de los servicios. En parte, estas razones explican también el azote privatizador que está sacudiendo a la provincia leonesa desde todos los sectores y para todos los colores, tal y como veremos a continuación.

    Desde la Junta de Castilla y León, en el marco del llamado Pacto Local, se va a proceder al traspaso de diversos centros a las entidades locales, entre ellos las escuelas de educación infantil (guarderías), que en nuestra provincia serían las de Ponferrada, Astorga y Fabero. El citado Pacto deja abierta la puerta a la privatización del servicio, puesto que si el ayuntamiento en cuestión tiene ese servicio privatizado con anterioridad, le permite optar por la forma de gestión que consideren más adecuada. Por eso los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles se han movilizado para reclamar que se mantengan en el ámbito de la Junta de Castilla y León y que no se lleven a cabo unas transferencias que suponen, a buen seguro, una privatización de un servicio público como es la educación de los niños entre 0 y 3 años, con el correspondiente deterioro en la calidad de dicha educación y un importante encarecimiento. Por ello reclaman a la Junta el reconocimiento de la Educación Infantil como un tramo más del sistema educativo y, por lo tanto, su integración en la Consejería de Educación, al igual que el resto de ciclos educativos. Así mismo, piden que se potencie, consolide y amplíe la red de centros educativos de titularidad y gestión pública y la creación de un Programa de Formación Continua para los educadores de esos centros.
    

    La Diputación Provincial ha decidido seguir también esa senda y, a través del Diputado de Servicios Sociales, ha confirmado la pretensión de privatizar el servicio de cocina del centro asistencial COSAMAI, en Astorga, y el servicio de lavandería en los cuatro centros asistenciales de la provincia: el ya mencionado en Astorga,  dos en León y otro en La Bañeza. Esta iniciativa no es sino la punta del iceberg, ya que la acción privatizadora podría incluir, además de estos servicios reseñados, otros de limpieza, enfermería y alquiler de esquíes, entre otros, de centros asistenciales y estaciones de esquí. Una medida que afectaría a un número significativo de trabajadores en asuntos tan transcendentales como retribución salarial y condiciones de trabajo.

    En menor escala, lo mismo está ocurriendo en la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Ponferrada ante la segregación de la misma de las entidades locales pertenecientes al municipio ponferradino. En la única reunión mantenida al efecto, el Presidente de la Mancomunidad manifestó la intención de que Ponferrada se segregaba y que  sobraban doce trabajadores, solicitando que los voluntarios que desearan irse pasarían a prestar sus servicios en la empresa concesionaria del Ayuntamiento de Ponferrada sin más especificaciones. Es decir, tanto en este caso como en el de la Diputación se está actuando con ocultamiento, sin cumplir con la obligada información y negociación con la representación laboral por la posible modificación de condiciones de trabajo o salariales de los afectados, que están siendo tratados como mercancía o como moneda de cambio.

    Finalmente, el Ayuntamiento de León encarna el paradigma de la demencia privatizadora y del absurdo político. Su proceder general y algunas de sus actuaciones en esta materia han merecido ya el siguiente juicio unánime de todas las secciones sindicales presentes en la entidad: uno de los mayores atentados a la legalidad cometidos en la historia reciente de esta provincia, una demostración palmaria de la incapacidad para gestionar los intereses públicos y un descomunal error político de inciertas consecuencias, únicamente imputable al actual equipo de gobierno PSOE-UPL. Claro que para despropósitos merece la pena también contemplar el comportamiento táctico de la oposición, el grupo del PP, que se traviste aquí de paladín del agua pública, como si no se tratara del mismo partido depredador que esquilma los servicios públicos en todos los casos anteriormente expuestos.

    Así pues, a juicio de CCOO, la defensa de lo público ha de ser una defensa trasversal y global, puesto que no estamos ante fenómenos aislados que deban combatirse caso a caso. Por el contrario, se trata de una auténtica estrategia general protagonizada por políticos deficientes, que fueron elegidos para gestionar, entre otras cosas, los servicios públicos, pero que han decidido abdicar de esa función en provecho de los grandes monopolios constructores y financieros. Exactamente los mismos que son responsables de la crisis que perturba y destroza todo el mercado laboral.

Publicado en Diario de León, 27 febrero 2009