Todos los trabajadores y trabajadoras sabemos por experiencia que las actuaciones en materia de salud laboral y prevención de riesgos en el trabajo son complejas. Una vez que existe una Ley sobre la materia, lo cual no es poco si se llega a aplicar, se requiere voluntad política de los empleadores, planes específicos, acuerdos con los órganos de representación de los trabajadores, determinación de objetivos, elaboración de análisis de situaciones, establecimiento de medidas preventivas, constitución de grupos de apoyo, tareas de información y señalización, edición de guías formativas, etc. La formalización de todo este catálogo constituye sin duda el criterio inicial básico para una evaluación positiva en materia de salud laboral.
Pues bien, estamos en condiciones quizá de felicitarnos porque la Junta de Castilla y León, llamada a dar ejemplo en la aplicación de las leyes, ha puesto en marcha todo ese protocolo, mediado el mes de noviembre, para ser cumplido en los edificios administrativos que son de su competencia. Así ha obrado la Directora General de la Función Pública al reunirse el día 16 de noviembre con el Comité Intercentros, al que ha presentado un ambicioso programa en el marco de la política de prevención de riesgos laborales. Ahora bien, ¿de qué política de prevención y de qué riesgos laborales se trata? Muy sencillo: lo que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial ha elaborado no es otra cosa que un Plan de Espacios sin Humo de Tabaco. Eso es todo.
Naturalmente, no se trata aquí de polemizar sobre lo oportuno o inoportuno de ese Plan, ni sobre la posible toxicidad del tabaco y sus humos. Pero lo que sí resulta evidente es que no se actúa con la misma diligencia, severidad y contundencia en otros aspectos, con toda seguridad más graves, que afectan a la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras, sean éstos de la administración o no. De ahí que si un asunto tan colateral a lo que nos ocupa, como es el tabaco, se coloca como materia de primer orden en las políticas de prevención de riesgos por parte de la Junta de Castilla y León, lo que debemos considerar como mínimo es que esta Administración convierte en humo sus prioridades. No hemos visto que, detrás de cada uno de los accidentes mortales habidos este año 2004 en la provincia de León –y van 19-, se hayan animado medidas o protocolos completos como los arriba descritos. Muy por el contrario, el goteo de fallecidos en accidente laboral se sucede sin que nada se modifique, y sólo a través de la presión de las organizaciones sindicales se consigue avanzar en el cumplimiento de una Ley que administraciones y patronales sortean o no aplican con la necesaria decisión.
Para empezar, la Administración no tiene un dispositivo fuerte en Inspección de Trabajo: baste decir que en Castilla y León existe un inspector por cada 1.200 centros de trabajo (8 inspectores para toda la provincia de León), es decir, que el número de efectivos es muy débil y, además, su dedicación no es sólo la prevención de riesgos, sino también el control de la contratación, la rotación y el encadenamiento de contratos, la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales en su conjunto, etc. Ésta sí que debería ser una prioridad para la Junta de Castilla y León, unida a la exigencia de que las patronales cumplan con la legalidad, no bloqueen la labor de los delegados de prevención y permitan el acceso de los técnicos sindicales a las empresas para que puedan verificar y denunciar en su caso si existen riesgos para los trabajadores.
Porque podría darse la paradoja de que un observador externo, ajeno a los procesos laborales, examinado el repertorio previsto por la Junta en la cuestión del tabaco, concluyera que las actuaciones en materia de salud laboral resultan poco menos que sencillas, habituales y casi rutinarias en el común de los sectores. Y no es así, los avances en esta cuestión son lentos, peleados y costosos. Sin ir más lejos, señalaremos que entre los objetivos y criterios unitarios acordados por CCOO y UGT para la negociación colectiva y la renovación del ANC-2005 (Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva) se recogen aspectos tan básicos que suponen un indicativo de cuanto todavía queda por construir para reforzar los instrumentos de intervención y participación sectorial en materia de prevención y salud laboral. Así pues, muy diferentes son las simples políticas de humo de los planteamientos reivindicativos que aún nos vemos en la necesidad de conquistar a través de la negociación con la parte empresarial. La Junta de Castilla y León vuelve a mostrarnos su rostro blando y el papel de celofán que utiliza como envoltorio colorista para disfrazar los asuntos amargos que no afronta con la voluntad resolutiva que sería exigible. Y, peor aún, con semejante proceder propone modelos fáciles y baratos para ser continuados en el ámbito privado que justifiquen la inoperancia en las cuestiones de fondo.
Publicado en Diario de León, 21 diciembre 2004
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