Deja vu

     La política municipal en la ciudad de León es a grandes rasgos un deja vu. Cuatro años atrás, con un equipo de gobierno de signo diferente al actual, la invocación de una deuda heredada sirvió para encargar una auditoría con la que justificar, entre otras cosas, modificación de impuestos y tasas, alivio de plantilla y, finalmente, privatización de servicios. El problema no se resolvió entonces, porque dudosamente será resuelto nunca sin una adecuada Ley de Financiación Local que ningún Gobierno ha abordado hasta la fecha, ni se resolverá ahora cuando todo vuelve a ser igual y la canción nos resulta tan conocida como un viejo disco rayado. Con la peculiaridad importante que le añade la crisis económica, que ha desecado las fuentes de ingresos municipales, los gobernantes de ahora vuelven a invocar la deuda heredada para fiarlo todo a una nueva auditoría, modificación de impuestos y tasas, alivio de plantilla y, finalmente, nuevas privatizaciones de servicios. Lo dicho: un deja vu.

     Hay algunas diferencias, no obstante, que se puede y se deben resaltar. En aquellos tiempos, el Alcalde Fernández buscó al menos tímidamente la colaboración imposible de las organizaciones empresariales, sindicales y vecinales, y reuniones hubo varias al efecto hasta que las posturas se hicieron del todo incompatibles, el gobierno municipal se replegó sobre sí mismo, desconectó de sus bases, abdicó de su programa electoral y generó un conflicto todavía no cerrado. Nos referimos al proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas y su conversión en una empresa mixta. En estos tiempos, el Alcalde Gutiérrez y su equipo se lo guisan y se lo comen, explican poco y lo amagan todo, sin un gesto mínimo al entorno ciudadano y a sus organizaciones. Están en su derecho de hacerlo así, desde luego, y por eso seguramente son militantes del Partido Popular, que entiende la participación como una acción paternalista y poco más. Pero vuelve a cometer un pecado similar al de sus antecesores, el de renegar de su programa electoral, donde nada se dijo tampoco de nuevas privatizaciones de servicios públicos.

     Más bien podía esperarse lo contrario si atendemos a la famosa guerra del agua, que resultó pintoresca en algunos aspectos. Ocurrió, como consta en las hemerotecas, que se creó una plataforma antiprivatización, donde vinieron a coincidir en el rechazo numerosas asociaciones de distinto signo, incluido el PP. Esa paradójica presencia generó serios problemas en el seno de la plataforma, discusiones sobre la oportunidad política de ese gesto e incluso más de una deserción dentro de aquel movimiento. Vino a certificar la lealtad del partido, mandatado por la presidenta Isabel Carrasco (en la actualidad concejala en el Ayuntamiento de León), nada menos que su responsable de política municipal Cecilio Vallejo. Desde ese momento, todo hay que decirlo, el trabajo de los concejales del grupo popular, con Mercedes Moro a la cabeza, fue encomiable, e incluso se recuerda todavía el entusiasmo callejero del único concejal vivo de aquel grupo, Julio Cayón, en las dos manifestaciones que recorrieron las calles de la ciudad en defensa del agua pública.

     A propósito de todo aquello, los unos, los otros y los de más allá han hecho mutis por el foro, mientras en los tribunales sigue pendiente la resolución del contencioso-administrativo que presentamos los últimos resistentes de la plataforma, entre ellos CCOO y UGT. El PP ya había abandonado por entonces el campo de batalla y preparaba el relevo en sus caras y en los sillones municipales que pasaría a ocupar tras las elecciones del pasado mes de mayo. Sin embargo, guardó silencio sobre sus intenciones durante la campaña, como vuelve a hacer ahora por lo que se refiere al ámbito general del Estado, y, llegados a este punto, no le duelen prendas en decir digo donde dijo diego. Así de coherentes somos por estos pagos y así de corta es la memoria de cuantos hoy guardan silencio sobre este proceder, excepción hecha de IU y del presente escrito. No se ha visto tampoco en las gloriosas celebraciones de los quince de cada mes ninguna referencia a ello, como si la aspiración de un mundo global más justo no pasase antes por el pequeño detalle de las reivindicaciones más inmediatas y cotidianas.

     Pues bien, las dos organizaciones sindicales mayoritarias de este país volvemos a situarnos enfrente de estas decisiones que esquilman lo público y santifican lo privado. Y tornamos a colocarnos en disposición de colaborar en las soluciones coyunturales y estructurales para un ayuntamiento como el de León en franca bancarrota. E insistimos en reclamar foros de participación y compromiso para conseguirlo, sabedores de que sólo de este modo las decisiones políticas serán asumidas por la ciudadanía y tendrán éxito. De lo contrario, dentro de cuatro años regresará una vez más el deja vu, sus auditorías, sus modificaciones de tasas e impuestos, sus alivios de plantilla y sus reprivatizaciones. Eso sí, sin que por el camino, ni antes ni ahora, nadie haya sido condenado al menos con la incompatibilidad para cargo público por haber generado todo ese tipo de deudas que unos y otros, hoy por ti y mañana por mí, se pasan de mano en mano como un testigo de la incompetencia.

Publicado en Diario de León, 29 octubre 2011