Mediado
era el presente mes cuando, en pleno barullo parlamentario, una iniciativa pasó
casi desapercibida a pesar de su interés, sobre todo de cara al debate que
pueda suscitarse en las elecciones municipales del próximo año. Aunque no sólo,
porque el asunto del agua es perenne y va más allá de toda cita electoral.
Ocurrió
que el Parlamente aprobó una moción que insta al Gobierno a efectuar
modificaciones legales para fortalecer la autonomía municipal en la gestión de
un recuso esencial como el agua. Así mismo, esas modificaciones habrán de
permitir que los municipios gestionen de forma conjunta todo el ciclo del agua.
Y, en suma, rescatar el servicio, si fuera el caso, de la venta a que fue
sometido en años anteriores y devolverlo plenamente al ámbito público. Cabe
señalar que el único voto en contra fue el del grupo del PP.
Y
traemos esto aquí porque instamos, en efecto, a que estas posibles acciones se
conviertan en motivo de discusión y compromiso en la próxima campaña,
especialmente en la ciudad de León, donde la batalla por al agua pública figura
en la memoria local como un momento crítico del devenir democrático en nuestro
ayuntamiento. Fue en el año 2009, gobernando entonces Francisco Fernández,
cuando la intención privatizadora, que finalmente se consumó, animó la
contestación de la ciudadanía en defensa de lo que muchos entendemos como un
derecho humano fundamental: el acceso al agua potable y al saneamiento. Y que
deben ser las administraciones públicas quienes lo garanticen sin convertirlo
en negocio para terceros. Hubo entonces manifestaciones notables, jaleo de los
plenos, recursos judiciales y todo tipo de expresiones de rechazo, que no
modificaron la necedad política de aquel equipo de gobierno. Naturalmente, por
eso, pero no sólo por eso, fueron castigados en las urnas.
Ahora
es el propio Partido Socialista, junto a Unidos Podemos, quien reclama al
Gobierno una Ley de Bases para la regulación de los servicios de agua y
saneamiento. Bienvenida sea.
Publicado en La Nueva Crónica, 25 noviembre 2018