Es costumbre que se pongan de moda, por lo general efímera, ciertos términos pomposos venidos, bien desde el ámbito de la política, bien desde el mundo de los medios de comunicación. En el primer caso, suelen responder a razones de grandilocuencia, de eufemismos, de decir sin decir nada, puro significante vacío. En el segundo, nacen más bien de un afán de notoriedad, de distinción, de modernidad vulgar. Llegan, están un tiempo con nosotros y se van. El último de estos términos, si bien cargado de peligro, es desregulación.
Se trata de la acción consistente en eliminar total o parcialmente las reglas o normas a las que debe ajustarse algo, en especial una actividad económica; y eso es, pues, lo que han pactado las derechas en los gobiernos autonómico recién constituidos y que ha dado lugar a la creación de novedosas consejerías con ese nombre. Traducido a lenguaje corriente, no es otra cosa que la consagración de la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda. Porque, no lo ignoremos, las reglas y normas pactadas democráticamente ordenan, equilibran, organizan, acompasan, sistematizan la existencia en común. Lo contrario, es decir, lo que persiguen esas consejerías y sus impulsores, es desorganizar, hacerlo al menos en el sentido contrario al de los modelos concertados. En suma, una anarquía de extrema derecha solo pendiente de la motosierra.
Estamos, por tanto, no ante un término hueco, como decíamos al principio, sino ante una acción política del tipo bomba de fragmentación social, de cuyos perjuicios ya tenemos noticia por estas tierras si recordamos lo que dio de sí la intervención de los bárbaros en el anterior gobierno autonómico: vaciado del diálogo social, estrangulamiento de los servicios de mediación laboral y maldición de los débiles, entre otros abusos propios del mal obrar. No otra es, en realidad, la auténtica prioridad nacional: la primacía de los fuertes por encima de toda ley y sobre los que no son o no aspiran a ser de esa ralea. Conviene saberlo.









