Si un Vicepresidente de un gobierno autonómico, pongo por caso el de Castilla y León, decide por su cuenta y riesgo no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, es decir, ignorar porque le da la gana una cita que forma parte de su trabajo, ¿puede considerarse absentismo laboral? Si son tres los vicepresidentes que se coordinan intencionadamente para hacer lo mismo, como así ha sucedido en el caso de Castilla y León, Aragón y Extremadura, ¿puede ese comportamiento ser calificado como un paro ilegal? En suma, si unos servidores públicos, como les gusta a ellos nombrarse, dejan de servir y se quedan tranquilamente en sus despachos silbando porque no están conformes con el orden del día de una reunión a la que han sido oficialmente convocados ¿ese proceder es digno de algún tipo de sanción que repercuta, por ejemplo, en sus sueldos de este mes?
Un trabajador o trabajadora corriente conoce perfectamente la respuesta a esas cuestiones porque lo vive en sus carnes de forma cotidiana: sí sería absentismo, sí sería una especie de paro ilegal y sí le afectaría, por lo menos, a su sueldo y se le abriría un expediente disciplinario. Pero cabe ir un poco más allá en el interrogatorio: ¿qué piensa la CEOE de Castilla y León, tan preocupada como dice estar porque los trabajadores y trabajadoras cogen demasiadas bajas o se ausentan sin más de sus puestos de trabajo, acerca de este Vicepresidente? ¿Qué piensa Garamendi, que no deja de echar rayos y truenos por su boca cuando habla de estos asuntos? ¿Qué piensa el PP, que también se alinea con la patronal en esas mismas posiciones anti-obreras? ¿Qué piensa ese señor Mañueco, que es el jefe-patrón-presidente de ese señor Pollán?
El Vicepresidente de Castilla y León tiene, por supuesto, todo el derecho a posturear cuanto quiera, incluso a pensar casi lo que quiera, puede hasta hacer el pino con sus ideas, pero está obligado a expresar todo eso, si es capaz de argumentarlo, donde le corresponde por el cargo que ocupa.










