Por respeto

Cuando miles de personas, o cientos, o decenas, da igual, salen a la calle reclamando respeto, un ruego nada habitual para citas de ese tipo, deberíamos pensar que algo extraño sucede a nuestro alrededor. En el caso de esa marcha celebrada en la ciudad de León el pasado mes de noviembre, su lema, “por respeto”, se complementaba con otros referentes esclarecedores: nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, nuestra gente. Hay otros ejemplos parecidos no muy distantes: el de las víctimas de la DANA de Valencia, sin ir más lejos. No se trata de una petición menor y, desde luego, aclara mucho de cuanto sucede en nuestro entorno físico y emocional.

 

Por lo que hace al caso leonés, más allá de razones inmediatas como las padecidas a causa de los terribles incendios del verano de 2025, también de sus consecuencias no menos lamentables, la queja provenía del abandono, la especulación y el riesgo que sufre nuestro medio rural, acerca de lo cual los lectores y lectoras de esta revista tienen, con toda seguridad, sobrado conocimiento. Aun así, algo diremos sirviéndonos de un dato contundente: durante los últimos 40 años, Castilla y León ha perdido 215.000 habitantes y la provincia leonesa ha sufrido especialmente esa sangría. No ha habido, en suma, políticas en esta comunidad durante cuatro decenios que hayan querido o sabido hacer frente a ese problema, incluso a veces lo han avivado. Añadamos a ello así mismo conflictos más específicos y recientes, como las llamadas macro-granjas, las plantas de biogás, la trama eólica, la relajada vigilancia veterinaria en ciertas situaciones, el drama climático generalizado, etc. Un sinfín de desdichas, un sinfín de ausencias de respeto.

 

Hace unos años, el cantante Víctor Manuel popularizó un cantable que titulaba “Canción de la esperanza” y viene muy a cuento en estas fechas en las que se celebran los cincuenta años de la historia moderna de España. Decía su estribillo: “que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada”. No le enmendaremos la plana porque al fin y al cabo la historia es larga y lenta, pero la entonaremos de nuevo por lo que tiene de perspectiva de progreso y de no resignación, conscientes de que, por supuesto, el voto, aunque con parsimonia, sí cambia los destinos, hasta los más desdichados.

 

Señalaremos, por último, que siendo grave todo lo más arriba enunciado, lo auténticamente novedoso de las reivindicaciones actuales o perennes es que alguien haya sacado a la luz el respeto, algo tan poco de moda en estos tiempos, esa cualidad que nos habla de la consideración, de la deferencia, de la cortesía y de la tolerancia. Otra política, seguramente, guiada por otras maneras. Es cuestión de convivencia en general, sobre todo, y de estilo, aunque haya quien en particular no merezca ningún respeto: los genocidas, por ejemplo. Pero también el respeto es imprescindible en la cercanía, yo exijo respeto y estilo a quien me responde con un silencio administrativo o con el vacío, esto es, cualquier forma de incomunicación entre personas razonables. Es absolutamente irrespetuoso. Falta al respeto, en suma, quien nos menosprecia, ya sea en el terreno político, ya sea en el terreno personal.

 

 Publicado en Ecos de Escalada nº 30, diciembre 2025

Más derechos con un convenio colectivo

            En tiempos de obviedades y de paradojas como los presentes, enunciar de nuevo el derecho a la negociación colectiva en sectores desamparados se convierte en una demanda clave. No debiera ser así, es algo que tendría que suceder de suyo, aunque nunca ha sido tal, ha habido que pelearlo y continúa siendo necesaria esa pugna, más aún si atendemos a la regresión social y democrática que nos amenaza. También si lo hacemos a las nuevas realidades del trabajo que se advierten en esta edad histórica.

 

            Es verdad que en el ámbito de los archivos algo se ha movido, con timidez, y algo se mueve, aunque no siempre acabe de cuajar, y de ahí la necesidad de insistir en ese objetivo: regular y dignificar a través de un convenio sectorial este oficio y todas las figuras que lo desarrollan. Artículos de opinión se han escrito de forma regular en publicaciones de ese campo acerca de esta necesidad. Acciones vanguardistas, podríamos decir, han conseguido conquistar posiciones en casos concretos en el País Vasco, aunque sólo fuese a través de la extensión de otros convenios o con el sectorial para gestoras/es de información y documentación en Guipúzcoa.  Más recientemente, en la primera mitad de este año y en un terreno algo más práctico, el sindicato LAB ha emprendido acciones en la Comunidad Foral de Navarra en tal sentido, tratando de implicar en ello tanto a empresas como al Gobierno autonómico. No inventamos nada nuevo, por tanto, escribiendo acerca de esta materia y exhortando con ello a la acción.

 

            Observemos, para empezar, que la mayor parte de archiveros y archiveras ejercen su labor en el ámbito público, son empleados públicos. En consecuencia, cuentan ya con un marco de relaciones laborales, en algunos casos con derecho a negociación, el personal laboral, y en otros con acomodo a acuerdos generales y legislación también general, el personal funcionario. Dentro de ese marco, existen órganos de representación, negociación y gestión para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Cuestión distinta es el grado de participación en todo ello de aquellos de quienes aquí tratamos. No entraremos ahí.

 

            Diremos, pues, que lo público debiera ser un tractor para lo privado, máxime cuando se generaliza en el ámbito de las administraciones públicas todo tipo de externalización de servicios. En esa senda, debieran ser dichas administraciones las primeras interesadas en las buenas prácticas laborales, reclamando un mínimo de formalidad y combatiendo lo anómalo y, en la medida de lo posible, valorar la existencia de un convenio colectivo en las licitaciones, tal y como nos sugiere Antonio David Bening Prieto en su artículo “La contratación pública como herramienta de mejora de las condiciones laborales: posibilidades, límites y limitaciones”[1].

 

            Aunque sean expresión de vida, la diversidad de asociaciones profesionales y su gran dispersión territorial supone una debilidad para lo que aquí tratamos. Su papel habría de ser en todo caso el de empujar a favor de obra. Esa obra, no lo ignoremos, corresponde a las organizaciones sindicales, a las empresas y, como antes hemos sugerido, a las administraciones. Encajar en esa construcción la diversidad y la dispersión debiera ser el primer paso. Implicar a los agentes sociales el segundo. En dicho andar, la intervención militante y afiliativa es, a nuestro modo de ver, capital, porque también sindicatos y empresas requieren impulso interno para extender el mapa de la negociación colectiva. No es que no mame quien no llora, pero bueno es hacerse notar. La iniciativa antes citada del sindicato LAB no nació por generación espontánea.

 

            En cuanto al espacio privado, existe así mismo una gran variedad de centros de trabajo y de actividad. Pensemos que a los tradicionales archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, etc. se han sumado, y se sumarán más en el futuro, empresas multiservicio que son las que precisamente ejercen en un doble flanco: el de la iniciativa privada propiamente dicha y el de la contratación de servicios desde lo público. A todo ello habría que dar respuesta conveniente. Sobre todo, porque en este último eslabón la precariedad es la norma.

             Aspirar a conseguir un convenio sectorial general de ámbito estatal parece excesivo, en parte por cuanto ya hemos señalado y en parte porque no es una costumbre muy común. Hacerlo, en cambio, en espacios territoriales concretos es mucho más factible, tal y como hemos visto en los casos del País Vasco y de Navarra. Por último, llevarlo a cabo en una comunidad como Castilla y León, tan exigida por elementos de cohesión, es un auténtico desafío al que no se debería renunciar. Tengamos en cuenta que es ésta una comunidad donde la negociación es fundamentalmente provincial porque así lo determinan, sobre todo, sus organizaciones empresariales. Romper dicho marco tan local constituiría también una doble conquista.

 

            En fin, si toda esta argumentación no ha resultado suficiente, echemos mano de un título revelador, el del artículo de Luis Martínez García: “Archiveros en el laberinto. Una profesión en permanente búsqueda de su identidad”[2]. Posiblemente, si el sector estuviera ordenado laboralmente, contaría con una inquietud menos en dicha búsqueda.

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[1] TRIA 27. Revista Archivística de la Asociación de Archiveros de Andalucía.

[2] TRIA 27. Revista Archivística de la Asociación de Archiveros de Andalucía.

 

Publicado en la revista Archivamos 03 2025

Sanidad

            Pues sí, me uniré el próximo sábado a cuantas personas marchen por las calles de Valladolid para defender la sanidad pública. Esa marea, como otras que la precedieron, en ésta o en otras localidades de esta comunidad desdichadamente desvencijada, es la misma que hemos visto en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco… Aunque lo de aquí tenga sus peculiaridades, la situación crítica es común y extensa. Es decir, la política de quienes tienen competencia en la materia, los gobiernos autonómicos, muestra elementos compartidos, básicamente la desconsideración con lo público y la fiebre privatizadora. Son dos formas de hacer no exclusivas de la salud, sino que abarcan también a la enseñanza, a los servicios sociales y a todo cuanto huela a bienestar social. No se lleva. Son otras las consignas y, sobre todo, las vamos padeciendo poco a poco, así en el ámbito nacional como en el internacional, en este año mal nacido. Por eso importa tanto la protesta, más aún en la medida en que afrontamos males mayores y la pasividad se convierte en la peor de las enfermedades. Aunque parezca utópico, su remedio está en nuestras manos, comenzando por vencer la frivolidad y las desconfianzas que nos paralizan y rematando con acciones a la ofensiva. Una manifestación, por ejemplo. No es poca cosa. Según está el patio, es hasta un signo de civilización. Además, en mayor o menor, medida todos y todas tenemos razones y conocimiento del asunto como para sumarnos a esa convocatoria, nadie es ajeno a la enfermedad y a sus tratamientos; nadie lo es de los males que aquejan a la gestión sanitaria, cuya responsabilidad creemos a veces y de forma injusta que es de los profesionales, mientras olvidamos a quienes se encargan del diseño y desarrollo de las políticas que debieran cuidar nuestra salud; nadie es ajeno, ni quienes en ello desempeñan su trabajo ni quienes con su trabajo, vía impuestos, soportamos el peso del sistema todo. Buen destino el de esos impuestos e incluso el de la deuda condonada.

 

Publicado en La Nueva Crónica, 9 marzo 2025

Defendamos la sanidad pública

            La gestión política de la sanidad pública en Castilla y León se apoya en dos pilares. De un lado, el espectáculo y el marketing, es decir, inauguraciones, ceremonias y premios a cargo generalmente del Presidente Mañueco. De otro, visitas, entrevistas y promesas sobrevenidas que corresponden al Consejero Vázquez. Y así pasa la vida y viene la muerte tan callando. Bueno, verdad es también que, al lado de esas bases tan sólidas, uno y otro sitúan, en cuanto tienen la más mínima oportunidad, al Gobierno central, un tal Sánchez, como principal azote de nuestros dolores, si es que hay alguno que casualmente tengan que reconocer. Todo lo demás es cotidianidad, rutina y trabajo protagonizados con esfuerzo por unos profesionales bastante menospreciados y por cuantos padecemos enfermedad, a ser posible leve.

            Frente a ese paisaje, no debe extrañar por tanto que se sucedan pequeñas o grandes rebeldías de un modo constante. En unas ocasiones les toca el turno a las personas que hacen uso del sistema sanitario, o que desearían hacer uso de él de una manera más digna: se organizan en plataformas, recogen firmas, convocan concentraciones y claman en el desierto. En otras son quienes trabajan en SACYL los que encarnan las quejas, se sienten agraviados, no se les atiende y hacen gala de una paciencia y profesionalidad exquisitas: abandonan o son expulsados de las mesas de negociación, colocan carteles en los centros de trabajo, a veces también se concentran y, por lo general, denuncian la sordera de su contraparte. Los últimos y recientes capítulos conocidos de toda esta insatisfacción son el pago o no pago del complemento por trabajos en sábado, las unidades de ictus y el déficit oncológico. Pero hay más, hay mucho más, aunque se exprese con mayor discreción.

            El próximo día 15 de marzo, convocados esta vez por CCOO y por UGT, una y otra irritación confluirán en las calles vallisoletanas para defender la sanidad pública. Es la misma marea que hemos visto en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco… Aunque lo de aquí tenga sus peculiaridades, la situación crítica es común y extensa. Es decir, la política de quienes tienen competencia en la materia, los gobiernos autonómicos, muestra denominadores compartidos, básicamente la desconsideración con lo público y la fiebre privatizadora. Son dos formas de hacer no exclusivas de la salud, sino que abarcan también a la enseñanza, a los servicios sociales y a todo cuanto huela a bienestar social. No se lleva. Son otras las consignas y, sobre todo, las vamos padeciendo poco a poco, así en el ámbito nacional como internacional, en este año mal nacido. Por eso importa tanto la protesta, más aún en la medida en que afrontamos males mayores y la pasividad se convierte en la peor de las enfermedades. Aunque parezca utópico, su remedio está en nuestras manos, comenzando por vencer la frivolidad y las desconfianzas que nos paralizan y rematando con acciones a la ofensiva. Una manifestación, por ejemplo. No es poca cosa. Según está el patio, es hasta un signo de civilización.

 

            Mas, de vuelta al principio y a lo que aquí nos trae, si algo sobra en nuestro sistema sanitario es el estilo fácilmente reconocible de una Junta de Castilla y León, que suple la inutilidad en la gestión por el auto-bombo de los discursos llenos de tópicos de su Presidente. Mejor nos iría si se centrara en lo sustancial, en reconocer, como dice el manifiesto que anima este próximo 15M, que la sanidad pública, uno de los cimientos fundamentales del estado de bienestar, es una conquista social que fue posible en su momento por la confluencia en las demandas de la ciudadanía y el esfuerzo de muchos profesionales y que culminó en su inicial configuración. Por eso hoy nos corresponde reafirmar aquella convicción primera, responder a las políticas adversas en esta materia y advertir de que no cejaremos en nuestro empeño para defenderla. Por todo ello llamamos a la manifestación del 15 de marzo.

 

Publicado en El Norte de Castilla, 4 marzo 2025

Sobre los tratados de comercio

     Durante el siglo XX el comercio internacional persiguió en vano su máxima liberalización, pero sólo conquistó una sopa de letras y una serie de sucesivas rondas de negociación. Fueron los tiempos de interminables conversaciones en La Habana, Marrakech, Annecy, Torquay, Tokio, Punta del Este, Montreal, Bruselas y Doha.  Fueron así mismo los tiempos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y, finalmente, de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Eso sí, con todo ese ir y venir se sentaron las bases de lo que ya en el siglo XXI es el paso decisivo hacia la ansiada liberalización en forma de siglas todavía más incomprensibles, las de los Tratados de Libre Comercio, ahora de tipo regional o bilateral: ALCA, TLCAN/NAFTA, APTA o los que se ciernen sobre nuestras cabezas TTIP (entre la Unión Europea y los Estados Unidos), CETA (entre la Unión Europea y Canadá) y TISA (internacional sobre servicios).

     El asunto viene de largo, pues, y parece mentira que ciudadanos y ciudadanas no lo conozcan mejor. O no se les permita conocerlo mejor, porque ésa es una de las claves del invento: su oscuridad. Siendo como es la actividad comercial un hecho común y corriente para toda la humanidad, cuando su regulación o desregulación se lleva a cabo a espaldas de la gente poco bueno se puede esperar de semejante proceder. Sobre todo cuando esos procedimientos opacos son de la misma naturaleza que los que hemos padecido en el campo financiero y mercantil, con resultados más que dramáticos. Y, sobre todo también, en una esfera mundializada donde, como nunca antes en la historia, un leve vaivén en Malasia, pongamos por caso, repercute ipso facto en Mayorga, también por caso, sin que apenas seamos conscientes de lo que está ocurriendo.

     En efecto, lo que se esconde tras los tres últimos tratados nombrados arriba, tal y como ha ocurrido con los anteriores ya en vigor, no es el paraíso que nos prometen sus impulsores, sus negociadores o sus comilitones. Es decir, las multinacionales en primer lugar, los gobiernos y la Comisión Europea en segundo, y los partidos políticos que se limitan a dar palmas; en el caso de España, PP, PSOE, Ciudadanos y todo el coro nacionalista. No, lo que hay detrás de ellos es la exaltación de las doctrinas neoliberales y de todas sus letanías, el adelgazamiento extremo de todo lo público, incluida la soberanía democrática de los Estados, y la rapiña elevada a su máxima expresión.

     Como ciudadanos y ciudadanas nos debe inquietar ese tono general, por supuesto, que atenta contra cuestiones tan básicas como la seguridad alimentaria, la protección medioambiental, la privacidad y la protección de datos, las garantías para los consumidores o los obstáculos para la iniciativa pública. Pero desde el punto de vista sindical la inquietud debiera ser mucho más intensa todavía, pues la repercusión que dichos tratados tendrán sobre el campo laboral no será incruenta. Pensemos que una de las bases de los mismos es compartir los estándares entre las partes firmantes que, evidentemente, no son los mismos a uno y a otro lado del Atlántico. Mientras que en los países de la Unión Europea, a pesar de las reformas laborales feroces de los últimos tiempos, existe aún un Derecho Laboral que ampara unos principios mínimos para regular las relaciones laborales, lo que hay del otro lado es directamente una selva y el predominio absoluto de las relaciones individualizadas, más que desiguales por tanto, en ese mismo ámbito. No se puede olvidar, por ejemplo, que los Estados Unidos no han suscrito numerosas directivas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, no se sienten concernidos por ellas. Ni que decir tiene cuál puede ser el estándar triunfante cuando entren en vigor los tratados. Lo que hemos conocido con las reformas laborales no será nada a su lado, es sólo la alfombra roja para las botas de una nueva agresión contra la clase trabajadora y, posiblemente, el fin del modelo social europeo.

     A principios de este año se ha producido una circunstancia curiosa sobre la que también conviene advertir, ya que los medios de comunicación, de un modo simplista, se han encargado de ponerla de relieve no con sanas intenciones. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU y su anuncio de que no comulga con los tratados internacionales ha servido a algunos, bien para equiparar posiciones, bien para suponer que el problema se ha resuelto por sí solo. No es así. Las posiciones no son las mismas ni mucho menos. Nuestra oposición no se debe, como la suya, a motivos proteccionistas ni nacionalistas a ultranza, sino a razones de justicia y de igualdad entre pueblos y Estados, que coloquen los intereses de las personas por encima de los que rigen las cuentas de las transnacionales. Además, saben Trump y sus consejeros que no necesitan el TTIP, les basta con el CETA en la medida en que las grandes compañías norteamericanas cuentan con filiales poderosas en Canadá, que servirán de puente para sus objetivos sin que el discurso rancio del presidente estadounidense entre en contradicción. Atención pues a las simplezas, porque producen tanto daño como la oratoria del populista.

     En suma, no cabe otra que insistir en el rechazo del CETA, pendiente de que los parlamentos de los países europeos lo ratifiquen. Influir sobre nuestros representantes políticos para que se lo piensen dos veces es tarea ineludible, así en las mesas donde toque como en las calles. Y cuidado con el TISA, que está pasando de puntillas. El comercio de servicios como la banca o el transporte, ya bastante afectados por la super-crisis, está en juego con su negociación.

Publicado en Notas Sindicales 2017

Mirada sobre la emigración

     Hace aproximadamente un mes, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, Mary Beard, galardonada en el área de Ciencias Sociales, nos enseñó que “no ser capaces de pensar de forma histórica hace que seamos todos ciudadanos empobrecidos”.

     Esta lección, aplicable a la vida en general, es muy útil para enfocar sin prejuicios el fenómeno de los movimientos de población, ya hablemos de personas migrantes, ya lo hagamos de aquellas que persiguen un refugio o un asilo. Pocas diferencias existen entre unas y otras. De este modo, con la perspectiva que aconseja la profesora inglesa, descubriremos de inmediato que todos formamos parte en mayor o menor medida de esos vaivenes humanos. Ni el pintoresco Presidente de los Estados Unidos y su familia se salvan. Al cabo, las migraciones han sido, son y serán un motor de la evolución histórica, por más que se levanten muros, alambradas o leyes inhumanas.

     Basta hacer memoria para descubrir de inmediato nuestro propio rastro en esos ires y venires de gente. Desde un familiar perdido en Hannover allá por los años sesenta hasta un joven ingeniero que conquista ahora los vientos daneses. Por el medio queda nuestra primera visita a Burdeos, en los años 80, y el hallazgo de aquellos bares cercanos a la Gare Saint-Jean, donde servían aceitunas y se jugaba a las cartas, donde los parroquianos eran españoles llegados a aquel destino a causa del hambre, del exilio o de otras huidas. Gentes, supimos en posteriores viajes, que en buena parte procedían de tierras aragonesas donde, años después, Julio Llamazares asentó su novela La lluvia amarilla. Gentes integradas y desintegradas en la sociedad de acogida que generaron vida y construyeron historia por igual a un lado y a otro de las fronteras. Gentes corrientes.

     Reconocer esa condición, junto a la dimensión temporal, es otro soporte imprescindible para el pensamiento bien orientado. Es ese punto de vista el que nos permitirá luchar contra las leyendas y los convencionalismos que anidan en la sociedad actual y que son el germen, debidamente alimentado por ideologías ultraconservadoras, de toda la discriminación, de todo el racismo y de toda la mala baba que nos envenena. Cierto es que el trabajo, como ocurrió en su momento con los parroquianos de la ciudad de Burdeos, debería convertirse en el principal elemento para la integración y la convivencia. Mas en estos tiempos, donde ése es un bien escaso y maltratado, no deberíamos equivocarnos y ver en el otro tanto a un competidor como a un aliado frente al verdadero y común adversario: las doctrinas que olvidan a las personas para consagrarse a las estadísticas y a los beneficios.

     Por otro lado, contra la creencia interesada que busca engrandecer los recelos, bueno es saber la verdadera magnitud de los números en la provincia leonesa: sólo el 3’99% de su población es de origen extranjero. No puede ser, por tanto, cifra tan ligera la raíz de nuestros males, sino otro tipo de amputaciones presupuestarias y mentales.

Publicado en El Día de León, 20 noviembre 2016

Herencias

Los artistas

     Ocurrió que en plena bronca por los despidos de quienes han prestado durante años sus servicios telefónicos a lo que fue la Caja local o regional, ni se sabe ya qué fue aquello, es decir, en medio de otro episodio en su progresivo desmantelamiento, llegaron hace días unos severos analistas de la entidad que ha heredado el negocio y nos dijeron que “la economía leonesa quedará rezagada en el escenario de recuperación generalizado”. Y añadieron que “León crecerá este año por debajo de la media autonómica: 2,4% frente al 2,8%. La evolución del empleo evidencia debilidades estructurales y lastra el avance”. Y se quedaron tan anchos.

     Estos individuos, embajadores ya digo de la firma heredera, incluso han publicado un estudio, pues al parecer se dedican a eso, donde recogen este tipo de originales profecías, aunque seguramente ignoren, dada su alarma repentina, que la provincia de León agoniza desde hace años y que la dichosa crisis no ha hecho más que acentuar sus males; que, de hecho, hemos perdido ya la cuenta de trimestres en que esta provincia figura en la cola del total nacional en lo que hace a la tasa de actividad; que su sangría poblacional la ha colocado al borde del colapso y ése no es asunto de ahora mismo; y que, por rematar el cuadro, la pérdida de poder adquisitivo vía salarios ha sido notable en el último lustro, muy por encima de esas otras medias que ellos miden para llegar a conclusiones tan novedosas. Y van y se hacen una foto con el Rector de la Universidad, lo que ya es osadía de los unos y torpeza del otro.

     Naturalmente, nada dicen estos vasallos de los ilustres herederos acerca del papel que a la Caja y a sus enterradores les corresponde en este duelo provincial. Nada hay del daño causado a esta entidad y a otras como ella, aquella banca semi-pública que hoy se echa de menos, debido a la estrategia general contra todo lo público que encontró en los tiempos de crisis el terreno abonado para la gran liquidación. Cierto es que hubo pecados internos que era necesario purgar, pero cierto es también, aunque apenas se diga, que ha sido al cabo la banca privada la agraciada por dicha purga al beneficiarse con esa suculenta tajada del negocio. Por eso, cuando tanto se ha hablado y se hablará tanto de herencias recibidas, bueno es no ignorar a estos disimulados herederos del ahorro popular y de la naturaleza social de aquellas cajas definitivamente pasada a mejor vida. No hay ya obligaciones ni sociales ni populares. Sólo lucro e interés.

     Desde esa posición es fácil hacer previsiones a favor de obra. Eufóricas previsiones incluso, como las de los ilustres estudiosos antes citados u otros intérpretes de encuestas de población activa. A nadie extrañe que continúen con su márketing de optimismo y nos hablen de “recuperación generalizada”. Ellos no necesitan leer los recientes informes de la OIT sobre la tendencia laboral en 2016, que anuncian un panorama global aterrador; tampoco los de Intermón relativos a la enorme y creciente desigualdad; ni siquiera los del Banco de España relativos a la escasa disposición de metálico por parte de las familias, la cifra menor en el pasado mes de septiembre desde 2005. Del mismo modo que tampoco tienen que atender a otro tipo de herencias con las que cargamos los débiles a nuestras espaldas. ¿Para qué esa perspectiva social en sus análisis?

     Obvian de esta manera que junto a la evolución negativa del empleo los débiles sufren también otros dolores que afectan al reparto secundario de la renta, los que se derivan de destruir lo público en beneficio del negocio privado; tal y como ha sucedido no sólo en lo que aquí tratamos, sino y sobre todo en sanidad y educación: casi 10.000 millones se han perdido en gasto sanitario y 7.300 en el educativo entre 2009 y 2013, según los últimos datos confirmados. Los grandes servicios públicos y las prestaciones sociales —las de desempleo a la cabeza— pagan las consecuencias de los recortes, en un proceso aún no terminado de involución del estado social, de jibarización de lo público.

     Modificar el sentido de esta herencia recibida no será fácil. Otras políticas serán necesarias para permitir, sí, el equilibrio en las cuentas públicas pero de forma más pausada y que, necesariamente, habrán de pasar por modificar los objetivos y ampliar los plazos de la consolidación fiscal del Programa de Estabilidad 2015/2018, por incrementar los ingresos y no reducir más el gasto público en porcentaje del PIB, y por impulsar una reforma fiscal que aumente la suficiencia y la equidad del sistema. Todo esto en términos generales, porque lo que también es evidente es que esta provincia requerirá además otro tipo de impulsos complementarios, sin los cuales es difícil pensar en otro futuro diferente a la emigración y al definitivo agotamiento.

Publicado en Diario de León, 3 febrero 2016

Una apuesta decidida por la formación

     La formación no es para nosotros un asunto menor. Tal vez sea porque hay sindicatos y sindicatos, y aunque se hable de ellos de forma genérica, como si fueran una unidad, no todas las organizaciones sindicales tienes la misma ideología ni los mismos propósitos ni las mismas devociones. En el caso de Comisiones Obreras la dedicación, atención y capacidad de propuesta en materia formativa ha sido siempre un signo de identidad más. Tanto es así que hace años el Sindicato decidió gestionar todo lo relativo a la formación de trabajadores y trabajadoras a través de una fundación con personalidad propia: FOREM. También nuestra condición de sindicato más representativo nos ha permitido participar activamente en todos los foros de negociación, discusión y diseño de programaciones formativas. En suma, no es dudosa nuestra vocación en la materia.

     Esto es así porque entendemos que la formación es un elemento clave en un doble sentido. Por un lado, porque cualifica la mano de obra y permite a la clase trabajadora desarrollar una carrera profesional con mayores expectativas. Por otro, porque trabajadores y trabajadoras bien formados, con conocimientos actualizados permanentemente, son la principal garantía para un modelo productivo con valor, que es lo que requiere nuestro país para competir en el ámbito internacional.

     Estas convicciones nos han llevado a contemplar la formación como un todo, sin hacer distingos entre la reglada, la continua o la destinada a personas desempleadas. De ahí también que desde hace ya décadas defendiéramos la oportunidad de crear centros integrados donde convivieran todos esos subsistemas y que exigiéramos a las administraciones una mejor coordinación de los mismos, siempre sometidos lamentablemente a departamentos ministeriales o autonómicos distintos y con intereses a veces contrapuestos. Si no recuerdo mal, la primera jornada de trabajo que se llevó a cabo en la provincia de León sobre centros integrados la organizó precisamente CCOO a finales de los años noventa, cuando ese modelo era todavía bastante desconocido y sólo existía en el País Vasco. Había ya allí por entonces lo que se llamaba “los cuarenta principales”, es decir, un número notable de centros de formación profesional con las características de centros integrados, con la peculiaridad de que existía una apuesta compartida entre la administración autonómica, el sector empresarial y las organizaciones sindicales para su impulso. Tanto es así que las propias empresas vascas invertían en la dotación de esos centros a la vez que recogían de inmediato el producto de esa inversión en un proceso de alimentación constante. Basta observar el desarrollo industrial de ese territorio, incluso en estos tiempos de crisis, para entender el porqué de su éxito y el beneficio social que ello ha supuesto.

     Pues bien, tarde nos llegó ese modelo pero hemos saludado desde el principio su implantación y nos hemos implicado activamente en su promoción. No se puede decir lo mismo de todos los actores llamados a ese mismo objetivo. Sin ir más lejos, las organizaciones empresariales han remoloneado más de la cuenta para incorporarse a los consejos sociales, lo cual no deja de ser un simple acto de compromiso sin más, de tal manera que siguen estando a años luz de la implicación que demostraron sus homólogas vascas. Tampoco la administración regional ha sido especialmente espléndida, parapetada tras la excusa de la crisis, para potenciar la apuesta, como se puede observar por ejemplo en el muy mermado centro integrado de Ponferrada o en la mejora de algunos aspectos de los dos centros de la ciudad de León.

     Por lo que hace al CIFP Ciudad de León, quede aquí constancia de nuestro buen entendimiento con su equipo directivo y con todos sus trabajadores y trabajadoras. Desde su Consejo Social hemos sentido su latido, a la vez que hemos tratado de aportar sugerencias para su mayor promoción y vinculación con el entorno. Al fin y al cabo, la formación que en él se imparte nos parece que forma parte sustancial del mercado laboral leonés y nos interesa su fortalecimiento. También sindicalmente, puesto que sus familias profesionales nutren de un modo importante a la clase trabajadora local, para la cual deseamos la mejor inserción, capacitación y progreso.

Publicado (censurado) en Zona Centro 4, junio 2015

Revista del CIFP Ciudad de León

Retos y posibilidades

(Solicitado a propósito de la nueva legislatura en el Ayuntamiento de León)

     Si somos realistas, poco margen hay de maniobra para tantos desafíos que  se nos pueden ocurrir. Salvo un cambio general en las políticas que se han venido aplicando, los próximos cuatro años seguirán teniendo un aire ceniciento de crisis o postcrisis que en nada favorecerá muchas de las iniciativas que plantearse pudieran. Además, la deuda acumulada por el consistorio será sin duda un segundo condicionante dramático que no permitirá alegrías fáciles. Y, por último, si tenemos en cuenta las enormes limitaciones que las reformas del Gobierno han diseñado para las administraciones locales, nos daremos cuenta de que el rumbo conduce casi de forma ineludible hacia el naufragio. Del Ayuntamiento y de la ciudad.

     Así pues, el principal reto económico y laboral en nuestro entorno para el próximo cuatrienio no es otro que evitar el naufragio y favorecer en lo posible la llegada a mejor puerto siempre un poco más allá.

     Dicho esto, se nos ocurre que la atención municipal debiera centrarse en los siguientes asuntos primordiales, que tal vez sí puedan estar a su alcance. Aunque mejor sin duda en compañía de otros: resto de administraciones, agentes sociales, asociaciones vecinales y ciudadanía en general.

     El orden interno y el adecuado dibujo de su plantilla permitirán asegurar en principio la continuidad de unos servicios públicos, que no sólo garantizan empleo en condiciones sino también prestaciones sociales de toda índole que la ciudadanía requiere y necesita. Es tiempo, seguramente, siempre es tiempo, de revisar concesiones caras y procurar el ahorro a través de una posible municipalización. Es el caso de los servicios del agua, de jardinería, de transporte urbano, de ayuda a domicilio, etc.

     En segundo lugar, el remate de infraestructuras eternamente pendientes permitirá a la ciudad situarse mucho mejor en las redes logísticas, por lo que hace tanto a personas como a mercancías, y así situarse mejor en el mapa general y en la competitividad de las empresas. Nos referimos sobre todo a las infraestructuras ferroviarias, no sólo a las más elitistas, al cierre de las rondas externas y a las autovías que aseguren comunicaciones trascendentales hacia Valladolid y hacia Braganza.

     Y puesto que no hay ya más remedio que comerse el Palacio de Congresos, poner en marcha de inmediato un gabinete de trabajo que garantice al menos a cinco o diez vista el adecuado aprovechamiento de ese espacio, de forma que no se convierta en un enorme continente vacío y en homenaje muerto a lo que pudo ser y no fue.

Publicado en Diario de León, 15 junio 2015

Pacto de ciudad

     Pongamos por caso la radiografía de las ciudades españolas recientemente publicada por el diario Expansión. Se cuenta en él que el Ayuntamiento de León ha experimentado un aumento de su deuda en un 164% desde el año 2011, lo que sitúa a la ciudad en la posición previa a la antepenúltima del país entre las de más de 50.000 habitantes. Por otro lado, en materia de desempleo, la capital es la séptima que peores números registra, con un aumento del 11% en la tasa de paro desde diciembre. Con los datos registrados en abril, la cifra de personas paradas en la capital se acercaba a las 12.000.

     Poco nuevo se descubre en estos datos, la verdad. Nada que no tenga un reflejo amargo en nuestras vidas corrientes, a pesar de que los debates preelectorales apenas hayan abundado en ello salvo de forma más que genérica. Da la impresión de que tampoco ahora, ni en la construcción de pactos ni en las arquitecturas de gobierno municipal, se presta especial atención a estas cuestiones sustanciales. Sin embargo, el mapa es tan dramático que bien debiera merecer una actuación política novedosa y arriesgada. Lo mismo que reclaman otras materias cuya solución requiere mucho más que imaginación y tiempo. Porque éste es otro componente importante del panorama, la certeza de que para dar solución a los grandes problemas ciudadanos se ha de requerir mucho más que una legislatura y, por tanto, habrán de elaborarse políticas a medio y largo plazo que comprometerán necesariamente a más de una corporación. Y, en fin, si tenemos en cuenta también el férreo corsé establecido por las leyes locales del ministro Montoro, o de todo el Gobierno actual en suma, concluiremos que la capacidad de maniobra es escasa y que bien haríamos en sumar esfuerzos contra ese destino gris escrito en hojas de cálculo insensibles.

     Éstas y otras consideraciones parecidas nos llevaron a proponer, hace ahora tres años, un pacto de ciudad. La propuesta, hoy, sigue teniendo valor, como vemos, y sigue siendo necesaria. Muy por encima incluso de la geometría derivada de las últimas elecciones municipales y de esa fiebre pactista que en ocasiones parece más bien una rifa. No nos referimos a gobiernos de concentración o cosa parecida. No, que gobierne quien tenga que gobernar, pero que ese gobierno, en asuntos fundamentales, se acomode a acuerdos que vinculen a todas las fuerzas políticas, sociales o vecinales con un claro objetivo: que la ciudad abandone el pozo en el que hoy está sumida.

     Los retos a los que se enfrenta el municipio son mayúsculos y afrontarlos con el propósito de resolverlos requerirá algo más que aritmética electoral. Por eso mismo será bueno ampliar el diámetro del compromiso incluso más allá de los muros consistoriales. Es la ciudad en su conjunto la que debe asegurar ese proceso de un modo participativo, guiando el paso de sus representantes electos, a quienes corresponderá –y no es poco- la gestión más doméstica y corriente de los asuntos comunes. Pero los grandes objetivos urbanísticos, fiscales, sociales y culturales debieran ser causa de acuerdos más que generales para garantizar el éxito. Así lo hemos comprobado en legislaturas precedentes, cuando la acción parcial e interesada no ha hecho más que postergar soluciones y agravar en muchos casos los problemas. La nueva imagen, las nuevas caras y las nuevas ideas que han llegado ahora al Ayuntamiento son motivo suficiente para pensar que ha llegado así mismo el momento.

     El empleo, como hemos señalado al principio, es uno de esos problemas. Todos los grupos políticos lo han nombrado en campaña como una de sus intenciones prioritarias. Bienvenida sea esa declaración. Pero, seamos realistas, el margen de intervención desde este ámbito es limitado. Debe pasar, eso sí y en primer lugar, por ordenar el empleo propio, para lo que no se nos ocurre mejor herramienta que el impulso del Consejo Consultivo para la Mejora de los Servicios Públicos Municipales, creado con acuerdo general en el mandato que ahora concluye. Sobre todo porque ello redundará necesariamente en el fortalecimiento de dichos servicios, que es otro de los desafíos inmediatos irrenunciables, tal y como demandan nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esa es la base sobre la que construir otras iniciativas relacionadas con la materia.

     Por último, la ciudad necesita no sólo resolver el déficit heredado sino tratar de proyectarse hacia el futuro. En tal sentido, hora es de que entremos de una vez en el siglo XXI. Poco nos resolvió en el pasado el León Real o la Cuna del Parlamentarismo; como poco nos resolverán las referencias a ese discutido cáliz que ahora se coloca en el escaparate de la imagen local. No se trata de que cada gobierno municipal invente un nuevo tótem, por lo general apolillado y fácilmente sustituible, sino de progresar de acuerdo con los tiempos que vivimos. Desde luego, éstos no pasan sólo por las piedras muertas, cuyo valor es el que es y reconocemos; más bien necesitamos con urgencia saber que nuestra ciudad habita en el porvenir y no en la eterna nostalgia.

Publicado en Diario de León, 4 junio 2015