En medio de la confusión general y del maremágnum informativo, una de las razones de ser de una columna periodística es llevar al primer plano algunas noticias que se nos pasan desapercibidas, llamar la atención sobre ellas y comentarlas en lo posible. Por ejemplo, eso de que el Consejo de Europa haya fallado que la indemnización por despido no es suficientemente elevada ni disuasoria en España. En suma, no se protege debidamente a las personas empleadas porque nuestro sistema de despido no cumple con la Carta Social Europea. Mucho más sencillo: ese sistema no alivia el daño causado por un despido.
Esta resolución, que habrá de formalizarse, es un eslabón más en la cadena de tópicos que caen acerca de nuestro mundo laboral. Ni la subida del salario mínimo genera desempleo, ni los contratos indefinidos atentan contra la competitividad, ni las pensiones son un monstruo económico. Todo depende más bien de si el aparato productivo está vivo o es un modelo zángano. Y en ello, una vez más, le cabe gran responsabilidad a la clase empresarial, con sus beneficios a cuestas, y a las administraciones públicas, con sus cálculos no siempre bien oxigenados. Desde luego, no es un problema de la clase trabajadora, tal y como una y otra vez se viene sentenciando y demostrando. Celebrémoslo, pues, sobre todo en este mundo salvaje en el que nos hemos instalado.
Y reconozcamos que éste como otros progresos laborales recientes se debe a la iniciativa del primer sindicato de este país, el que mayor respaldo recibe de forma regular por parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras, el que fue objeto en días pasados de la ironía ácida y gratuita de “La negrilla” en este mismo medio, jugando con aquello tan ñoño de Urdaci y las siglas. ¿Quién y cómo se indemniza por esa memez inmortal? Del mismo modo que el Consejo de Europa condena la impunidad empresarial, algo deberíamos concluir de forma adecuada acerca de la impunidad de quienes tenemos la fortuna de escribir y de que se nos lea.
Publicado en La Nueva Crónica, 6 julio 2025
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