En
tiempos de obviedades y de paradojas como los presentes, enunciar de nuevo el
derecho a la negociación colectiva en sectores desamparados se convierte en una
demanda clave. No debiera ser así, es algo que tendría que suceder de suyo,
aunque nunca ha sido tal, ha habido que pelearlo y continúa siendo necesaria
esa pugna, más aún si atendemos a la regresión social y democrática que nos
amenaza. También si lo hacemos a las nuevas realidades del trabajo que se
advierten en esta edad histórica.
Es
verdad que en el ámbito de los archivos algo se ha movido, con timidez, y algo
se mueve, aunque no siempre acabe de cuajar, y de ahí la necesidad de insistir
en ese objetivo: regular y dignificar a través de un convenio sectorial este
oficio y todas las figuras que lo desarrollan. Artículos de opinión se han
escrito de forma regular en publicaciones de ese campo acerca de esta
necesidad. Acciones vanguardistas, podríamos decir, han conseguido conquistar
posiciones en casos concretos en el País Vasco, aunque sólo fuese a través de
la extensión de otros convenios o con el sectorial
para gestoras/es de información y documentación en Guipúzcoa. Más recientemente, en la primera mitad de este
año y en un terreno algo más práctico, el sindicato LAB ha emprendido acciones
en la Comunidad Foral de Navarra en tal sentido, tratando de implicar en ello
tanto a empresas como al Gobierno autonómico. No inventamos nada nuevo, por
tanto, escribiendo acerca de esta materia y exhortando con ello a la acción.
Observemos,
para empezar, que la mayor parte de archiveros y archiveras ejercen su labor en
el ámbito público, son empleados públicos. En consecuencia, cuentan ya con un
marco de relaciones laborales, en algunos casos con derecho a negociación, el
personal laboral, y en otros con acomodo a acuerdos generales y legislación
también general, el personal funcionario. Dentro de ese marco, existen órganos
de representación, negociación y gestión para el conjunto de trabajadores y
trabajadoras. Cuestión distinta es el grado de participación en todo ello de
aquellos de quienes aquí tratamos. No entraremos ahí.
Diremos,
pues, que lo público debiera ser un tractor para lo privado, máxime cuando se
generaliza en el ámbito de las administraciones públicas todo tipo de
externalización de servicios. En esa senda, debieran ser dichas
administraciones las primeras interesadas en las buenas prácticas laborales,
reclamando un mínimo de formalidad y combatiendo lo anómalo y, en la medida de
lo posible, valorar la existencia de un convenio colectivo en las licitaciones,
tal y como nos sugiere Antonio David Bening Prieto en su artículo “La
contratación pública como herramienta de mejora de las condiciones laborales:
posibilidades, límites y limitaciones”.
Aunque
sean expresión de vida, la diversidad de asociaciones profesionales y su gran
dispersión territorial supone una debilidad para lo que aquí tratamos. Su papel
habría de ser en todo caso el de empujar a favor de obra. Esa obra, no lo
ignoremos, corresponde a las organizaciones sindicales, a las empresas y, como
antes hemos sugerido, a las administraciones. Encajar en esa construcción la
diversidad y la dispersión debiera ser el primer paso. Implicar a los agentes
sociales el segundo. En dicho andar, la intervención militante y afiliativa es,
a nuestro modo de ver, capital, porque también sindicatos y empresas requieren
impulso interno para extender el mapa de la negociación colectiva. No es que no
mame quien no llora, pero bueno es hacerse notar. La iniciativa antes citada
del sindicato LAB no nació por generación espontánea.
En
cuanto al espacio privado, existe así mismo una gran variedad de centros de
trabajo y de actividad. Pensemos que a los tradicionales archivos, bibliotecas,
centros de documentación, museos, etc. se han sumado, y se sumarán más en el
futuro, empresas multiservicio que son las que precisamente ejercen en un doble
flanco: el de la iniciativa privada propiamente dicha y el de la contratación
de servicios desde lo público. A todo ello habría que dar respuesta
conveniente. Sobre todo, porque en este último eslabón la precariedad es la
norma.

Aspirar
a conseguir un convenio sectorial general de ámbito estatal parece excesivo, en
parte por cuanto ya hemos señalado y en parte porque no es una costumbre muy
común. Hacerlo, en cambio, en espacios territoriales concretos es mucho más
factible, tal y como hemos visto en los casos del País Vasco y de Navarra. Por
último, llevarlo a cabo en una comunidad como Castilla y León, tan exigida por
elementos de cohesión, es un auténtico desafío al que no se debería renunciar.
Tengamos en cuenta que es ésta una comunidad donde la negociación es
fundamentalmente provincial porque así lo determinan, sobre todo, sus
organizaciones empresariales. Romper dicho marco tan local constituiría también
una doble conquista.
En
fin, si toda esta argumentación no ha resultado suficiente, echemos mano de un
título revelador, el del artículo de Luis Martínez García: “Archiveros en el
laberinto. Una profesión en permanente búsqueda de su identidad”.
Posiblemente, si el sector estuviera ordenado laboralmente, contaría con una
inquietud menos en dicha búsqueda.
Publicado en la revista Archivamos 03 2025