Desempleo público

     Cuenta el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que en enero de 2016 eran 2.519.280 las personas que en España tenían la condición de empleadas públicas. De ellas, 29.334 con destino en la provincia de León. Comparados estos datos, que publica semestralmente el Ministerio de Hacienda, con la misma fecha de 2010, cuando las crisis se hicieron presentes en el sector público, descubrimos que se ha perdido un 6’6% del empleo público en estos años, y más todavía en la provincia leonesa donde la merma alcanza el 10%. En cifras contantes y sonantes: 179.348 empleos públicos menos en España y 3.253 en León. La repercusión que estas amputaciones de personal tiene sobre la atención que prestan los servicios públicos es más que evidente, pero no entraremos en ello.

     Lo que conviene resaltar es que se ha producido un masivo expediente de regulación de empleo, aunque en el sector público este procedimiento tenga muchas veces otro formato. Pero, contemplado como tal ERE, cabe ahora exigir a quien nos gobierna o nos vaya a gobernar que no lo convierta en un fin en sí mismo, es decir, un alivio de plantilla y a otra cosa mariposa, sino que sirva de verdad como instrumento de reorganización de las plantillas públicas de acuerdo con una nueva realidad diferente a la del punto de partida. Sobre todo en estos últimos tiempos cuando, motivadas por el clima electoral constante, las oposiciones se reactivan tras unos años de sequía casi total. Esto significa repensar la estructura de todas las administraciones, algo que es muy dudoso que se esté llevando a cabo, y no formalizar convocatorias a su caída.

     Pues bien, que se sepa, sólo el País Vasco ha dado algún paso en ese sentido con la elaboración de su Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, todavía en discusión. Ninguna otra administración, ni estatal ni autonómica, se ha preocupado formalmente de este asunto, mientras convocan nuevas plazas públicas con el viejo molde de una época que no volverá.

Publicado en La Nueva Crónica, 26 julio 2016