Blog de Ignacio Fernández

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domingo, 10 de febrero de 2019

Alquileres

     Cuenta el sociólogo Richard Sennet que en el albor del presente siglo un ejecutivo de ATT, compañía estadounidense de telecomunicaciones, señalaba el lema “nada a largo plazo” para certificar la alteración del significado del trabajo. Explicaba Sennet a continuación que en el aquel año 2000 “un joven americano con al menos dos años de universidad puede esperar cambiar de trabajo al menos once veces en el curso de su vida laboral y cambiar su base de cualificaciones al menos tres veces durante los cuarenta años de trabajo”.

     Esta es la realidad del neocapitalismo, que se supone que habrá progresado convenientemente desde entonces hasta la actualidad. Es decir, habrá extendido aún más los números de mutaciones y se habrá dispersado ya por todo el planeta en mayor o menor medida. A ello, en nuestro caso, han contribuido con total denuedo las sucesivas reformas laborales habidas en los últimos diez años. Lo que nos lleva a pensar ya no sólo en el nuevo significado del trabajo, como indicaba el ejecutivo, sino en sus consecuencias en los modelos de vida. En los alquileres, por ejemplo.

     El debate sobre esa materia no sólo debe entenderse como una cuestión de esgrima parlamentaria en la que el gobierno socialista fue derrotado hace unas semanas. Al contrario, ha de contemplarse como una cuestión de urgencia cada vez más perentoria. No sólo ya por la realidad común de especulación a la que está sometido el sector de la vivienda, sino porque la existencia de un parque público de viviendas de alquiler empieza a ser necesidad básica, así como una intervención sobre las cantidades que se reclaman por este concepto en la iniciativa privada. El vaivén laboral, sumado a los gloriosos salarios que forman parte de nuestro paisaje, requiere ya, y más hacia el futuro, actuaciones severas para asegurar techo a esa multitud de trabajadores y trabajadoras circulantes por la geografía española. No es asunto conveniable. Es directamente legislable para asegurar un mínimo de bienestar y dignidad.

Publicado en La Nueva Crónica, 10 febrero 2019

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