Más derechos con un convenio colectivo

            En tiempos de obviedades y de paradojas como los presentes, enunciar de nuevo el derecho a la negociación colectiva en sectores desamparados se convierte en una demanda clave. No debiera ser así, es algo que tendría que suceder de suyo, aunque nunca ha sido tal, ha habido que pelearlo y continúa siendo necesaria esa pugna, más aún si atendemos a la regresión social y democrática que nos amenaza. También si lo hacemos a las nuevas realidades del trabajo que se advierten en esta edad histórica.

 

            Es verdad que en el ámbito de los archivos algo se ha movido, con timidez, y algo se mueve, aunque no siempre acabe de cuajar, y de ahí la necesidad de insistir en ese objetivo: regular y dignificar a través de un convenio sectorial este oficio y todas las figuras que lo desarrollan. Artículos de opinión se han escrito de forma regular en publicaciones de ese campo acerca de esta necesidad. Acciones vanguardistas, podríamos decir, han conseguido conquistar posiciones en casos concretos en el País Vasco, aunque sólo fuese a través de la extensión de otros convenios o con el sectorial para gestoras/es de información y documentación en Guipúzcoa.  Más recientemente, en la primera mitad de este año y en un terreno algo más práctico, el sindicato LAB ha emprendido acciones en la Comunidad Foral de Navarra en tal sentido, tratando de implicar en ello tanto a empresas como al Gobierno autonómico. No inventamos nada nuevo, por tanto, escribiendo acerca de esta materia y exhortando con ello a la acción.

 

            Observemos, para empezar, que la mayor parte de archiveros y archiveras ejercen su labor en el ámbito público, son empleados públicos. En consecuencia, cuentan ya con un marco de relaciones laborales, en algunos casos con derecho a negociación, el personal laboral, y en otros con acomodo a acuerdos generales y legislación también general, el personal funcionario. Dentro de ese marco, existen órganos de representación, negociación y gestión para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Cuestión distinta es el grado de participación en todo ello de aquellos de quienes aquí tratamos. No entraremos ahí.

 

            Diremos, pues, que lo público debiera ser un tractor para lo privado, máxime cuando se generaliza en el ámbito de las administraciones públicas todo tipo de externalización de servicios. En esa senda, debieran ser dichas administraciones las primeras interesadas en las buenas prácticas laborales, reclamando un mínimo de formalidad y combatiendo lo anómalo y, en la medida de lo posible, valorar la existencia de un convenio colectivo en las licitaciones, tal y como nos sugiere Antonio David Bening Prieto en su artículo “La contratación pública como herramienta de mejora de las condiciones laborales: posibilidades, límites y limitaciones”[1].

 

            Aunque sean expresión de vida, la diversidad de asociaciones profesionales y su gran dispersión territorial supone una debilidad para lo que aquí tratamos. Su papel habría de ser en todo caso el de empujar a favor de obra. Esa obra, no lo ignoremos, corresponde a las organizaciones sindicales, a las empresas y, como antes hemos sugerido, a las administraciones. Encajar en esa construcción la diversidad y la dispersión debiera ser el primer paso. Implicar a los agentes sociales el segundo. En dicho andar, la intervención militante y afiliativa es, a nuestro modo de ver, capital, porque también sindicatos y empresas requieren impulso interno para extender el mapa de la negociación colectiva. No es que no mame quien no llora, pero bueno es hacerse notar. La iniciativa antes citada del sindicato LAB no nació por generación espontánea.

 

            En cuanto al espacio privado, existe así mismo una gran variedad de centros de trabajo y de actividad. Pensemos que a los tradicionales archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, etc. se han sumado, y se sumarán más en el futuro, empresas multiservicio que son las que precisamente ejercen en un doble flanco: el de la iniciativa privada propiamente dicha y el de la contratación de servicios desde lo público. A todo ello habría que dar respuesta conveniente. Sobre todo, porque en este último eslabón la precariedad es la norma.

             Aspirar a conseguir un convenio sectorial general de ámbito estatal parece excesivo, en parte por cuanto ya hemos señalado y en parte porque no es una costumbre muy común. Hacerlo, en cambio, en espacios territoriales concretos es mucho más factible, tal y como hemos visto en los casos del País Vasco y de Navarra. Por último, llevarlo a cabo en una comunidad como Castilla y León, tan exigida por elementos de cohesión, es un auténtico desafío al que no se debería renunciar. Tengamos en cuenta que es ésta una comunidad donde la negociación es fundamentalmente provincial porque así lo determinan, sobre todo, sus organizaciones empresariales. Romper dicho marco tan local constituiría también una doble conquista.

 

            En fin, si toda esta argumentación no ha resultado suficiente, echemos mano de un título revelador, el del artículo de Luis Martínez García: “Archiveros en el laberinto. Una profesión en permanente búsqueda de su identidad”[2]. Posiblemente, si el sector estuviera ordenado laboralmente, contaría con una inquietud menos en dicha búsqueda.

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[1] TRIA 27. Revista Archivística de la Asociación de Archiveros de Andalucía.

[2] TRIA 27. Revista Archivística de la Asociación de Archiveros de Andalucía.

 

Publicado en la revista Archivamos 03 2025