2016: Trabajo y derechos

     Trabajo y derechos, sin más adjetivos, centran la demanda que protagoniza este 1º de mayo de 2016. Sin embargo, no estamos ante una simpleza, sino ante la síntesis de cuanto ha sido y debiera seguir siendo la esencia de nuestra dignidad como seres humanos. Así en lo inmediato, en este país confuso, como en el contexto general, en este mundo bastante desolado.

     En verdad, a nadie debería extrañar esta reivindicación, por más que pueda resultar obvia. Sabemos, por ejemplo, que en España el paro todavía supera el 20% de la población activa, que hay menos personas dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y que se trabajan menos horas que en 2011. Es decir, que las reformas laborales, de 2010 y de 2012, no han servido para crear más empleo, y el que se ha creado ha sido más débil y peor pagado. Sí han contribuido, por el contrario, al grave incremento de la desigualdad, y también de la pobreza, en la que hoy se encuentran cerca del 15% de las personas con empleo. En 2014 había en España 13’4 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social; suponían casi el 30% de la población total, más de cinco puntos porcentuales por encima del año 2008. La pobreza severa alcanzó a 3’2 millones de personas, el 6’85% de la población.

     Y sabemos, además, que entre 2009 y 2014, se ha producido en términos reales una reducción del 30% del gasto público, lo que se ha traducido en un intenso recorte de la inmensa mayoría de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. Es decir, que en 2014 las administraciones públicas gastaron 30.824 millones de euros menos que en 2009. Naturalmente, estas magnitudes afectan a la ciudadanía en general y sobre todo a los más golpeados por la crisis, lo que supone algo así como una notable reducción de salarios diferidos y de condiciones de vida. La consecuencia, como decíamos, no es otra que el crecimiento importante de las tasas de pobreza, incluso entre las personas que cuentan con un empleo: una de cada ocho de ellas está hoy en situación.

     Este es parte del balance brillante de la gestión de la crisis en España. Pero en la provincia leonesa el resultado es todavía mucho más amargo. Baste un repaso de los sectores que han sido o están siendo estrangulados o severamente adelgazados para comprenderlo: minería, producción láctea, empleo forestal, banca, correos, ferrocarril, servicios públicos, etc. Poco se escapa de ese desastre. Tal vez el ámbito más innovador, científico y tecnológico, pero su capacidad de generar empleo no es suficiente para contrarrestar la pérdida en los demás. Tampoco ese turismo de porrón y crucifijo tan pregonado, que sólo da de sí bajos sueldos y empleos a tiempo parcial. No es raro, pues, que a estas alturas, después de años de siega, la provincia haya perdido casi la mitad de su población activa joven y que las afiliaciones a la Seguridad Social hayan disminuido desde el año 2008 en un 16%. No es raro, en suma, que la provincia ostente el deshonroso título de ser la última de todo el país en tasa de actividad.

     Hay razones sobradas, por tanto, para manifestarse este 1º de mayo. Y no se olviden tampoco las que proceden de más allá de nuestras fronteras, como la crisis del proyecto europeo, la situación de los refugiados, las guerras y el terrorismo o las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el mundo. Además de la próxima amenaza del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), negociado de manera opaca y al margen de todo diálogo social, que supondrá la renuncia por parte de los gobiernos a la soberanía política para delegar la gobernabilidad en las multinacionales.

     En suma, UGT y CCOO reclamamos una nueva política que sitúe en primera línea la recuperación del empleo estable, de los derechos económicos y laborales arrebatados a los trabajadores y trabajadoras y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en el plazo más corto posible. Se necesita una distribución más justa de la riqueza generada entre salarios y beneficios para alcanzar el modelo social y democrático que defendemos. Y estamos convencidos de que para todo ello  es imprescindible erradicar las políticas de austeridad y de recortes sociales, en el sentido que defiende y promueve la Confederación Europea de Sindicatos (CES), aplicando de manera efectiva un plan de inversiones más ambicioso que el denominado Plan Juncker. Un plan para crear 11 millones de empleos en Europa, flexibilizar el calendario de consolidación fiscal en los países con déficit, aplicar una política presupuestaria y fiscal expansiva, mejorar los sistemas de protección social y su calidad, reducir las desigualdades y defender el sistema democrático de libertades.

Publicado en Diario de León, 1 mayo 2016