Miente Arvizu

    En la sección Tribuna del Diario de León del pasado día 12 de mayo, aparecía un artículo firmado por don Fernando de Arvizu bajo el título “Calidad en la enseñanza”. En el mismo, además de contenerse opiniones acerca de las propuestas educativas del Partido Popular, se hace referencia no bien intencionada a los movimientos de contestación a esa política afines, según el ex senador, al Partido Socialista. Pues bien, en lo tocante a esta Plataforma para la Defensa de la Enseñanza Pública y a los planteamientos que defendemos hemos de señalar: 

1. Miente Arvizu -y lo sabe- cuando ignora la trayectoria dilatada en el tiempo de esta y otras plataformas similares de ámbito estatal o regional. No se trata, por lo tanto, de organismos creados al efecto, si bien es cierto que las políticas intransigentes del Gobierno actual tienen la virtud de animar, a falta de otros cauces que merezcan su respeto, estas formas de expresión. Y miente también Arvizu -y lo sabe- cuando identifica a las organizaciones integradas en estas plataformas con el Partido Socialista. Además de la presencia de este Partido, en la Plataforma de León se incluyen actualmente cinco organizaciones sindicales, dos organizaciones políticas, dos federaciones de padres y madres de alumnos y un movimiento de renovación pedagógica, cada una con la ideología que las identifica pero con el denominador común de reivindicar la escuela pública (en lo que no coincidimos, evidentemente, con el PP); y cada una de ellas con sus afiliados, militantes o asociados que, juntos o incluso por separado en algunos casos, reúnen a un mayor número de personas que las que figuran como afiliadas al Partido de Arvizu en esta provincia. 
2. Dice el ex senador -y sabe que miente- que la llamada Ley de Calidad de la Educación “está siendo precedida de un amplio diálogo con los sectores sociales de la comunidad educativa”. Nadie mejor que él sabe que eso no es verdad, puesto que, a propósito de ese proyecto de Ley, los únicos debates públicos habidos en la provincia leonesa han sido dos mesas redondas promovidas casualmente por esta Plataforma. A una de ellas, celebrada el pasado día 2 de mayo, se había comprometido a asistir Arvizu en representación del PP, pero ni lo hizo ni tuvo la delicadeza (podríamos llamarlo también educación de calidad) de disculparse o de enviar en su lugar a algún otro miembro de su partido. Claro que lo mismo ocurrió con la mesa celebrada el día 9 de mayo, donde la invitada era doña xxx, y su comportamiento fue similar al anterior. Cabe preguntarse entonces con quién debate Arvizu y el Partido Popular. ¿Quizá con la patronal de la enseñanza privada? ¿Quizá con la iglesia católica? Si nos atenemos a los cambios que desde el original Documento de Bases se han introducido hasta llegar el anteproyecto de Ley así lo parece, pues no son otros que la gratuidad en etapas no obligatorias de la enseñanza, es decir, generalizar los conciertos en Educación Infantil, y reforzar la enseñanza de la Religión en la escuela de un Estado no confesional. 
3. Pero comportamiento y mentiras de este tipo son normales tanto en Arvizu como en el partido que nos gobierna, sobre todo si acto seguido se dispone de uno o de varios medios de comunicación para impartir doctrina. Porque no otra cosa es su artículo ni otra cosa en la Ley que lo fundamenta. Dice Arvizu, por ejemplo, que “no debería haber disparidad en el diagnóstico” de los problemas que hoy tiene la enseñanza y que nadie niega que existan; pero no descubre en qué análisis se apoyan sus afirmaciones sobre el fracaso escolar o la igualdad de oportunidades, por citar dos aspectos que él aborda con la frivolidad propia de quienes afirman que teníamos un problema y ya no lo tenemos. Aventajado alumnos, como vemos, el ex senador, que nunca se verá sometido, vistos su aplicación y esfuerzo, a seguir carrera política en itinerarios residuales. O tal vez sí para dejar paso a otros. 
4. Por último, apunta Arvizu -y casi seguro que miente- que “la Ley que en su momento se apruebe contendrá modificaciones y mejoras introducidas en el trámite parlamentario”. Tampoco en esto podemos estar de acuerdo, pues el objetivo primero de esta Plataforma es conseguir la retirada de un proyecto de ley que nace falto de un imprescindible análisis riguroso, de un Libro Blanco de la Educación que, además de identificar los conflictos, no ignore las causas de los mismos ni desprecie los éxitos alcanzados por un sistema educativo público que, contra viento, marea y ex senadores, ya es de calidad. En fin, toda una frustración para Arvizu no poder contribuir al trámite parlamentario, aunque una satisfacción relativa para quienes desconfían de discursos que no superarían una buena reválida en un debate público como aquel del que huyó el interfecto.

Publicado como Plataforma para la Defensa de la Enseñanza Pública en

Diario de León, 23 mayo 2002

El tren que amamos

    Fue entrañable detenerse el domingo día 2 de septiembre de 2001 en las páginas del Filandón de este diario, para revivir de la mano de Fernando Algorri la memoria del Tren de la Aviación, aquel olvidado ferrocarril que unía la ciudad de León con el aeródromo de la Virgen del Camino durante la última Guerra Civil. No son pocos los que con el amigo Algorri podríamos, seguramente, agitar aquí el recuerdo que todavía pervive de viejos, legendarios ferrocarriles con los que convivimos no hace tanto tiempo: el Shanghai, los Chispa que nos llevaban hasta la playa de Gijón, el Ruta de la Plata... por no entrar en el detalle de cuanto la Asociación de Amigos del Ferrocarril podría sin duda avivarnos, como acostumbra con frecuencia al hacer resonar los pulmones poderosos de ese monstruo extraordinario que dio en nombrarse Mikado.

    Por continuar hacia atrás en la memoria, diremos que corría el año 1989 cuando, por razones académicas, un grupo de alumnos cayó conmigo en el Museo del Ferrocarril de la estación madrileña de Delicias. Pues bien, helos allí, en medio de las locomotoras de vapor, de los prehistóricos vagones de viajeros y de los modelos que fueron un día vanguardia del Talgo, y su inquietud, su única pregunta repetida se dirigía a averiguar dónde demonios podían ver el AVE, del que entonces se comenzaba a hablar y al parecer único ferrocarril que formaba parte de su acervo e interés ferroviario. Naturalmente, la desilusión de aquellos adolescentes era infinita al comprobar que semejante artilugio no había merecido todavía un andén en tan espléndido museo.

     Se habla mucho también de la alta velocidad en la actualidad por estos pagos, y a veces resulta inevitable, ante cierto tipo de declaraciones tan admirativas de la tecnología vertiginosa como ingenuas para la boca que las expresa, recordar el rostro asombrado de aquellos muchachos y muchachas que no concebían otro tren que no fuera el último, el más moderno, el más vendido para la España del 92. ¡Tiempos aquellos! Y se habla de la alta velocidad en esta actualidad y por estos pagos ligando el asunto, cómo no, a esa llaga urbana de la ciudad de León que como una columna vertebral la recorre de sur a norte, la divide e incluso la emblematiza con la pervivencia de lo que algunos consideran un vestigio arqueológico: el paso a nivel. Así que revive el viejo conflicto y los viejos afanes por darle solución, más ahora por supuesto cuando la aspiración de todo buen político provinciano pasa por subir un día en los estilizados y aerodinámicos convoyes de esa loca velocidad a su paso por esta encrucijada de pensionistas y especuladores del suelo. 

    Pero aguantemos el tipo un poco más en el pasado para comprender mejor este presente de cartón piedra. La guerra del paso a nivel, siempre latente y a ratos con vitalidad de primera página, vive sus ciclos por decenios y bueno será remontarnos en su túnel -oportuna metáfora, por cierto- para comprender mejor la tesis que luego sostendremos. 

    A principios de los años 80, cuando las asociaciones de vecinos a pesar de aperecérsenos hoy con tonos sepia no tenían sin embargo el velo amarillo que más tarde ha caracterizado a muchas de ellas, en los tiempos pretéritos -recuerden- del alcalde Morano Masa, desde la ignorancia del vecindario se propuso ya una solución muy similar a la que ahora baraja la sabiduría de técnicos y políticos municipales. Se les acusó entonces de ilusos, de aficionados a las maquetas, de proponer alternativas (el enterramiento del trazado ferroviario) imposibles y, por el contrario, se optó por hundir la avenida bajo los raíles y así fue también como se hundieron millones de fondos públicos en medio de un ridículo del que nunca nadie dio cuenta ni pagó responsabilidades. Vino después, en el año 1990, un segundo capítulo de la pueril polémica: que si por arriba, que si por abajo, que si por el medio... mientras el tal Morano Masa, posiblemente la figura que junto a la del obispo Almarcha más daño ha causado a esta ciudad, continuaba con sus equilibrios vodevilescos en el Ayuntamiento. Naturalmente, todo volvió a quedar en nada, aunque en aquel momento ya publicamos en este mismo diario y a él remito (10 de diciembre de 1990) un artículo en el que defendíamos, por razones más sentimentales y estéticas que otra cosa, el mantenimiento del paso a nivel como seña de identidad de un barrio y de una vergüenza de demasiado fácil olvido.

    Y aquí estamos, otra vez dándole vueltas a la particular disneylandia que cada gobierno municipal propone para suturar esa brecha abierta en canal por raíles y traviesas en medio de los sueños de Amilivia, el nuevo conseguidor nacido a la sombra de las ayudas europeas y de los trucos venenosos del andamiaje leonesista. Eso sí, con la variante añadida de la dichosa alta velocidad que por fortuna no llegaremos a ver, pero que vende mucho y barato en los planos aunque no así en los presupuestos. Pues bien, como ya hicimos en el artículo antes referido, debemos seguir hoy defendiendo la pervivencia del paso a nivel y de todo su entorno ferroviario, pero hemos de hacerlo no ya a la luz de la técnica o del sentimiento, sino de algo mucho más comprensible y prosaico: de la simple razón económica.
  

    Invertir hoy la cantidad de millones de la que se habla con el fin de enterrar la estación y unos cuantos kilómetros de caminos de hierro es puro desperdicio, como lo fueron todas las cantidades invertidas hasta la fecha durante los últimos veinte años en arreglos y desarreglos si, como parece, al final la solución válida es la que a principios de los ochenta apuntó un grupo de vecinos que fue tachado de ignorante e indocumentado. ¡Cuánto tiempo perdido, cuántas palabras y cuántos dineros públicos! Y, paralelamente, qué ha sucedido durante estos veinte años en lo que se refiere al tráfico ferroviario al menos de viajeros. Muy sencillo: la degradación del servicio, la supresión de líneas, un menor número de usuarios a medida que se recortaban también el número de trenes hacia cualquier destino, la involución incluso en algunos trayectos, etc. Razones que no hacen al caso nos han llevado a comparar el dispar proceso seguido en el transporte de viajeros por ferrocarril  o por carretera hacia lugares como Ponferrada o Asturias, por citar dos ejemplos fácilmente contrastables. La deducción es inmediata y sencilla: no pasará más allá de otro decenio para que esos trayectos se extingan por sí solos, sustituidos por la voracidad del transporte por carretera, si el nivel de atención por parte de quien corresponde se mantiene en las mismas constantes del último cuarto de siglo; es decir, favoreciendo descaradamente a este último frente al claro abandono de la opción residual del ferrocarril. Así pues, para qué invertir en una muerte anunciada si no es para disfrazar otros intereses más bastardos.

    Ahora bien, si alguien se cree que saldremos de ésta gracias a los beneficios de la alta velocidad -opción Galicia, opción Castilla-, qué cerca vamos a andar entonces de aquellos adolescentes que se paseaban como bobos por la estación de Delicias a la búsqueda de lo virtual, olvidada la realidad de trenes muchos más tangibles y útiles para la población en general Tanto la apuesta económica por ese proyecto como por la del parque temático diseñado para sustituir el paso a nivel pueden buscarse en cualquiera de los presupuestos del Estado que año a año han elaborado los gobiernos del Partido Popular. Tanto es así que tentado estoy a darles mi voto en próximas elecciones para asegurarme de que, mientras gobiernen, nada de todo ello llegará a suceder. 

    Así que, amigo Algorri, mucho me temo que muy pronto escribiremos todos sobre la nostalgia del ferrocarril, de cualquier ferrocarril de ésos que hoy todavía atraviesan a diario nuestro paso a nivel e irritan a los feroces conductores de automóviles. Te animo, por tanto, a que te sumes a la defensa de ese rincón de los indignados, balcón con mirada libre sobre el tren que amamos, para que no nos roben ni una sola traviesa, ni un sólo centímetro de catenaria, ni un sólo tren de los que nos van quedando hasta que por sí solos y por la desidia común se nos mueran cualquier otoño de estos.

Estación Delicias (Madrid) - Museo ferroviario

Publicado en Diario de León, 21 noviembre 2001

La calidad de la enseñanza, un perverso blasón

    A lo largo del pasado curso escolar, pero también durante los inmediatamente precedentes desde que el Partido Popular alcanzase posición de mando en plaza, una palabra perversa, un término ambiguo aunque en apariencia bondadoso, se ha instalado entre nosotros acercándose a la omnipresencia: la calidad.
 

    Desde las administraciones educativas de la derecha, muy en particular desde la cuna ideológica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y mediante una estrategia perfectamente programada, se han hecho correr a diestro e incluso a siniestro las ruedas de molino de la calidad de la enseñanza, de tal forma que no hay nadie a estas alturas -llámese profesionales de la educación, legisladores, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales, etc.- que no haya incorporado a su discurso bien la simple palabra calidad como ornamento, bien su indeterminado significado con el fin de situarse acorde -parece ser- con el signo de los nuevos tiempos académicos. Pero si incluso la Universidad de León ha incluido entre sus Cursos de Verano uno bajo el título “La gestión de los recursos humanos y la calidad en los centros educativos”, con la participación de, entre otros ponentes, técnicos de Endesa o el Presidente del Tribunal de Cuentas. Gran éxito sin duda el de esos mercaderes de la propaganda político/pedagógica que, tras los fiascos pintorescos de doña Esperanza Aguirre, entendieron que para vender una ley, como para hacerlo con un oso, entre otras cosas lo de menos es matarlo, o ni tan siquiera que exista oso, sino que tenga un nombre acogedor, simpático, como de peluche, cargado de buen feeling. Nada que ver, por Dios, con aquellas siglas entre lo impronunciable y lo abstruso tan del gusto socialista -que si LODE, que si LRU, que si LOGSE, que si LOPEG-, que empezaban por no triunfar precisamente porque se atragantaban en las cuerdas vocales y llegaban a provocar arcadas en delicados velos del paladar más acostumbradas a la pauta fina del gregoriano y al sabor del Benedictine. Pero calidad, qué me dicen de calidad,  si hasta suena casi a virtud teologal... Y en fin, qué decir sobre lo que podría ocultarse detrás de aquellas siglas tan opacas, que ni una idea podía extraerse de ellas a bote pronto y lo mismo era algo que tenía que ver con otra cuasi onomatopeya de las más atroces, qué sé yo, catastro, por ejemplo.
 

    Así pues, la traída y llevada Ley de la Calidad de la Enseñanza, ley del Castillo popular, sin que ni siquiera se haya iniciado su trámite parlamentario ni su imprescindible negociación -de llegar a haberla- con los sectores implicados en la misma, es casi ya una ley amiga de todos, de niños y de mayores tanto como de jóvenes y de maduros, que ya es decir, y no así por la barbarie que pueda encerrarse en su articulado, que avisos haylos, sino porque, fíjate tú, es una ley de calidad, de calidad de la enseñanza que tanta falta nos hace, como si lo que viniéramos haciendo hasta la fecha promociones y promociones de profesores y profesoras de los distintos niveles de la enseñanza no fuese calidad, sino triste chapuza, apaño, trapicheo educativo; como si la formación recibida por promociones y promociones de alumnos y alumnas durante digamos nuestra etapa democrática no tuviese que ver con la calidad sino con lo banal, lo pueril y lo cutre; como si los centros educativos -públicos por supuesto, faltaría más- lejos de ser ejemplos de trabajo, programación, evaluación de rendimientos,  planes de mejora..., esto es, expresiones de calidad, fuesen en el fondo y en la superficie simples aparcaderos de residuos humanos que qué demonios podrían tener que ver con la verdadera calidad, esa distinción, esa vitola de clase tan de la genética elitista de lo privado.
 

    Pues nada, a realambrar, a realambrar con música de Viglietti, y calidad para todos. Es decir, a segregar el grano de la paja entre el alumnado para que unos florezcan vistosos en los jardines alegres de la paz mientras que otros sean dados como forraje a los bichos de la granja; a prolongar el número de jornadas lectivas, como si no fuera en número de horas en lo que se mide, y de sobra en nuestro país, el desarrollo del currículum; a rescatar del baúl incorrupto del abuelo incorrupto  la naftalina de la reválida, verdadero signo de modernidad en cuanto sustitutriz de la tan denostada selectividad; pero sobre todo a medir en términos de calidad, sí, pero de calidad tomada en sentido estrictamente economicista el sistema educativo, y más aún, puesto que se administra directamente desde los responsables políticos de quienes tratamos, el sistema educativo público castigado una vez más a una competencia y a una desigualdad evidentes en las condiciones de partida de que goza cualquier otro centro privado, concertado o no. Ley de Calidad, ¡qué alegría!
 

    Porque, a saber, si por cualquier azar o desconocimiento perfectamente disculpable tuviera uno que buscar referencias concretas en eso de la puesta en práctica de lo cualitativo,  nadie ejerce un mejor magisterio que la Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León, que nos administra y guarda la competencia educativa. Y así, una pequeña mirada bienintencionada sobre sus procedimientos del curso 2000/01 así como sobre los inicios del 2001/02 puede sin duda hacer luz a los pobres legos acerca de qué calidad se nos viene encima. Basten algunos ejemplos: los alumnos de localidades tan señaladas como León, Ponferrada, Bembibre y Villablino continuarán un año más, contra todo ordenamiento legal, cursando los estudios del Primer Ciclo de la ESO en los colegios en lugar de en los institutos; las fechas de final del curso anterior, así como las del comienzo de éste e incluso las del tránsito entre uno y otro se diseñan a mayor gloria de la ineptitud del aparato administrativo, para quien poco importa si se cumple realmente lo prescrito en cuanto a periodos de reclamación, memorias de departamentos, etc.; se pretende habilitar a un número importante de maestros y maestras para impartir inglés en Educación Infantil sin que hubieran superado el nivel mínimo exigido para su incorporación a esos cursos y desoyendo cualquier reclamación en tal sentido; se desvían, en fin, millones y millones públicos hacia la enseñanza privada so pretexto de la libertad de elección de centro, ignorando paladinamente que no todos los centros tienen la misma libertad para invertir los talentos en bolsa; ninguna medida se ha adoptado hasta el momento, frente a otras comunidades autónomas que así lo han hecho, para recuperar el horario perdido en las materias de Música y Plástica por causa de una reforma pacata de las Humanidades; se adjudican las plazas a los maestros y maestras interinos mediado el mes de agosto, pero se les ordena su incorporación a los centros dos días antes del comienzo de las clases, en este caso el 7 de septiembre, no por prolongar sus vacaciones tan cínicamente denostadas, sino para ahorrarse la miseria de unos eurillos que pertenecen a los trabajadores y que deberían cotizarse a la Seguridad Social de todos. Y así hasta la saciedad en este bonito muestrario del despropósito titulado Calidad de Enseñanza.
 

    Y, como apuntábamos al principio, lo terrible de todo ello es que la estrategia  va poco a poco calando y ya se oye a equipos directivos, a federaciones de padres, a profesores y profesoras, a sindicalistas de toda la vida hacerse eco de las formas perversas del Ministerio y/o Consejerías, al convertirse en los principales voceros de una Ley -mejor dicho, de una palabra- que necesariamente, desde posiciones de progreso en el horizonte educativo como las defendidas por Comisiones Obreras, habrá que combatir por retrógrada, contraria a la mejor de las caligrafías que la LOGSE contenía y exponente de un pensamiento político que pretende devolvernos a la más remota de las remotas “Enciclopedias Álvarez”. Para que así no sea, qué mejor que concluir que la calidad bien entendida, estimados Castillo y Villanueva, empieza por uno mismo, que falta vaos haciendo.

Publicado en Diario de León, 21 septiembre 2001

y en Trabajadores de la Enseñanza Castilla y León, septiembre 2001

San José Obrero

    En medio de un mes de marzo desnudo de fiestas que echarse al cuerpo, un poco víctimas de la severidad del trimestre y un poco forzados por la confusión que acostumbran a generar las festividades de consumo libre (en ese caso la del día 19 fallero y paternal), ocurrió que caímos de nuevo sobre la prosa de los documentos oficiales donde aparece consagrado el calendario laboral y, claro, del nuevo repaso de fechas, igual que sucede cuando uno vuelve y revuelve sobre cualquier asunto no trivial, se nos descolgó un detalle desapercibido hasta ese momento y que nos colmó de perplejidad: he aquí que el día 1 de mayo merecía la vitola festiva por conmemorarse, según recoge el BOCYL, el día de San José Obrero. ¡Pues qué bien! Sólo faltaba una nota a pie de página donde se nos recordará que, además del designio del santoral, era ésa la fecha de obligada cita con las demostraciones sindicales carpetovetónicas.
 

    Y es que estamos rodeados. Una mínima ojeada sobre la nómina de eventos celebrables nos permitirá reconocer que sólo dos -Año Nuevo y el Día de la Constitución- mantienen una cierta cualidad no contaminada por los efluvios religiosos propiamente dichos. Porque los demás, incluso los en apariencia laicos, siempre hay alguien que se encarga de disfrazarlos al sagrado modo: Carnaval se liga a la Cuaresma, el 23 de abril a San Jorge, el 1 de Mayo a San José Obrero, y el 12 de octubre a la Virgen del Pilar; eso sin entretenernos en el detalle de las fiestas estrictamente locales, siempre hilvanadas con hilo de mitra aborigen o de manto de virgen caída en una majada local, y profesionales que, por lo que a la enseñanza se refiere, van de Santa Cecilia a San José de Calasanz y de San Juan Bosco a Santo Tomás de Aquino entre otros. En fin, que la colección de estampas fervorosas estratégicamente dispuestas sobre el calendario constituye toda una expresión kitch del sentido patrio, de manera que quede bien a las claras quién sigue teniendo en sus manos el mango del sartén: si a duras penas se consiguió -y no del todo- modificar los callejeros desterrando de ellos buena parte del estamento militar, lo mismo que se fueron de nuestros días y noches aquéllos que olían a naftalina fascista, casi habría que recurrir en amparo al Tribunal Constitucional ante el alarmante oprobio de los hitos católicos y de sus defensores en la letra de los boletines oficiales.
 

    Pero no acaba ahí la cuestión. Quien esto suscribe tuvo la dudosa fortuna de estrenarse en la tarea educativa en un instituto de Segorbe (Castellón), tierra de conversos y de carlistas, cuyo nombre no era otro que ¡Virgen de la Cueva Santa!  Sucedió que en una noche de farra quienes allí habíamos desembocado, mayoría en expectativa e interinos como suele ocurrir en todos los arrabales del imperio, convinimos en proponer al claustro la modificación de aquel nombrecito por considerarlo dudosamente adecuado a un centro público. Pero en buena hora se nos ocurrió tal propósito: clamaron al cielo los compañeros del lugar de toda la vida, santiguóse con evidente alevosía el profesor de religión, rasgóse las vestiduras el personal laboral de muy acendrado arraigo en el entorno, se extendió por todo el pueblo nuestra fama de extranjeros ateos e irreverentes... Toda una crisis como no había habido otra por aquellos pagos desde la época de la guerra civil. Menos mal que el Señor Director, un chico bien situado en las filas socialistas y por lo tanto con mucho que ganar en aquella década de los ochenta, medió en el entuerto y propuso una solución de compromiso: “¿Qué os parece si lo dejamos todo en Cueva Santa a secas?”.  Desconozco cómo se resolvió todo, pues no acabé aquel curso en tan pintoresco destino, pero aún es hoy el día en que me pregunto, más todavía si atendemos a cuanto venimos apuntando, qué sucedería si en Cacabelos (León), por ejemplo, alguien propusiera modificar el nombre de su colegio público, a la sazón Virgen de la Quinta Angustia (Cacabelos), San Juan Degollado (Gordoncillo) y Virgen del Arrabal  (Laguna de Negrillos). O como estos casos, otros tantos a lo largo y ancho de la ancha Castilla y León.
 

    Por lo tanto, ahora que ondeamos ya las banderas de abril y que habremos dejado atrás las vacaciones de Semana Santa, como mucho más atrás quedaron las de Navidad (otros dos borrones considerables sobre la condición aconfesional del estado y de su sistema educativo; más graves todavía si nos atenemos a lo que ello redunda en la irracionalidad del calendario escolar), podemos disponernos gozosamente a preparar el Día del Trabajo, es decir, de San José Obrero en versión oficial autonómica. Bueno sería que, junto a otras reivindicaciones paseadas en las pancartas del 1º de mayo, incorporadas a la redacción de alguna plataforma o negociadas con quien procediese, cupiera un hueco minúsculo para combatir estos y otros “sanbenitos” que nos han colgado, al parecer in eternum.

Publicado en T.E.Castilla y León, abril 2001

La sentencia

    Así como a determinadas castas se les presupone el valor, si una cualidad debe resultar absolutamente imprescindible en la acción sindical no es otra que la perseverancia. Teniendo en cuenta que los procesos históricos y las conquistas en las condiciones laborales son asuntos del largo plazo, que numerosos son los obstáculos que el pensamiento conservador dispone y que, en suma, la percepción social es amiga de lo inmediato, muy pocos retos pueden ser afrontados en el ámbito sindical con cierta perspectiva de éxito si no se cumple como condición necesaria e irrenunciable la constancia.
 

    La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial padecida por los empleados públicos en 1997, además de una demostración de eficacia de nuestros servicios jurídicos, pone de manifiesto la tenacidad de la Federación de Enseñanza de CCOO a la hora de perseguir a través de las más diversas formas cuanto es de justicia para los trabajadores y trabajadoras de este sector y, por extensión, de toda el área pública y de otras ramas. Porque es necesario combatir la fragilidad de la memoria y no olvidar que este desenlace judicial no surge de la nada ni puede entenderse sin un análisis más amplio del proceso que desembocó precisamente en las salas de justicia. Está claro que sólo en muy último término, al menos desde nuestros planteamientos, el arbitrio judicial se convierte en mecanismo al que recurrir, y ello sólo sucede cuando en verdad cualquier otra vía de entendimiento o de presión han resultado, no por nuestra parte, insuficientes.
 

    La estrategia que combina movilización y negociación cobró especial vitalidad en la primera mitad de los años 90 cuando, a consecuencia de otra congelación salarial caída sobre el sector público de este país, las medidas de presión promovidas por las organizaciones sindicales y secundadas por los trabajadores condujeron a un acuerdo, que aseguraba paz en ese ámbito y garantizaba un incremento digno en las retribuciones para el cuatrienio 1994-97. El desprecio por parte del Gobierno del Partido Popular de aquel pacto sostenido por la Ley 7/90 fue lo que, en un ejemplo de perseverancia, animó a la Federación de Enseñanza de CCOO a concentrar su esfuerzo en el laberinto de la justicia convencidos de la razón que nos asistía y reforzados por la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo; y sólo ahora, cuando ya muchos no somos capaces de reconocer los lazos que unen a través de tan dilatado periodo de tiempo unos y otros hechos, se produce de nuevo la luz sobre una reivindicación luchada, conseguida, ignorada y, finalmente, resucitada por vía de una sentencia.
 

    Revisar en estos momentos ese recorrido no es una cuestión vana. Muy al contrario, asistimos a un segundo capítulo de desprecio, soberbia e insensatez protagonizado por el Gobierno, con su pirotecnia verbal y recursos improcedentes en lugar de acatar el fallo y negociar razonablemente el saldo de la deuda con sus empleados. Así que, frente a ello, una vez más la estrategia de movilización y negociación vuelve a retroalimentarse con mayor fundamento si cabe, desde luego en este caso sin ninguna excusa u olvido que maquille comportamientos abandonistas o desertores. En los meses finales del año 2000, los empleados públicos fuimos nuevamente convocados a defender el derecho a la negociación colectiva entre otros asuntos no menos importantes; en ese momento algunos compañeros y compañeras, comprensiblemente desfondados unos en cuanto a la eficacia de la huelga, simplemente olvidadizos o cómplices del poder otros, fueron derrotados por la duda o por la sumisión. Pues bien, refrescar ahora las claves que llevan de la movilización de 1993 a la sentencia de 2001 -ocho años que con toda seguridad nos han cambiado tanto- debe permitirnos recuperar la conciencia sobre el valor de las medidas que los trabajadores tenemos a mano para alcanzar mejoras en las condiciones de nuestro trabajo, aunque a veces sus efectos se cosechen con tanta tardanza; y debe convencernos además de que las acciones de presión que se anuncian para este año 2001 como prolongación de la huelga del pasado 14 de diciembre, puesto que acabarán dando fruto, han de ser secundadas por todos con la misma firmeza y tesón que la Federación de Enseñanza de CCOO ha demostrado durante la larga travesía y que, como decíamos al principio, evidencian que contamos con la cualidad fundamental para avanzar en las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, ya en la consecución de acuerdos, ya en la gestión más discreta y tenaz.

 

Recreo, calendario, jornada: una falsa polémica educativa

    A nadie debería despistar, a poco que se proceda con rigor y se analice la realidad con un mínimo de sentido global, que no existe maniobra más burda, a la hora de desviar la atención de la opinión pública sobre asuntos de verdadero interés general, que centrar aquélla sobre los aditamentos en lugar de promover debates serios sobre cuanto sí resulta nuclear. Por ello no deja de ser sorprendente que en este comienzo de curso escolar el objetivo de las polémicas haya girado -y continúe haciéndolo sin aportar nada realmente nuevo o con significado sustancial- en torno a aspectos que inciden sólo y con facilidad sobre sensibilidades epidérmicas del hecho educativo, mientras que se eluden con evidente intención otros sobre los que en verdad gravita el presente y el futuro de la educación en nuestro país.
 

    Por lo que parece, a pocos nos preocupa en estos momentos la financiación de la enseñanza o el proceso de fragmentación -y con ello la creación de desigualdades- que sufre el sistema educativo, administrado de forma inconexa por diecisiete comunidades autónomas y un ministerio autista. Poco o nada se ha oído en fechas recientes acerca del desmantelamiento interesado del sistema público de enseñanza, o sobre las todavía precarias condiciones a las que se enfrentan los trabajadores para impartir esa enseñanza, así en centros públicos como en privados. Por el contrario, resulta que lo que se nos está vendiendo desde los poderes públicos y a través de los medios de comunicación como fundamentos de la calidad de enseñanza no son sino ejemplos, entre otros, de la intersección que habitualmente se produce entre los trastornos sociales y la organización educativa, esto es y sin restarle importancia, pura periferia del fenómeno educativo: ampliación o reducción de la jornada lectiva, extensión del calendario escolar, vigilancia de los recreos, etc.
 

    La maniobra, perfectamente orquestada y dirigida a nuestro juicio con la única intención de desprestigiar aún más los valores intrínsecos de la educación (y en ello no cabe duda de que quien más perjuicio recibe es siempre el ámbito público), estaba condenada a triunfar. Desde los Consejeros autonómicos con prurito  de señorío en el escalafón político-administrativo, quienes conocen a la perfección el rápido eco que estos temas tienen en el emocionario social, el fenómeno ha ido creciendo de colectivo en colectivo y ya nadie se escapa de su dinámica manipuladora. De inmediato, las asociaciones de padres y madres, en un alarde notable de argumentación didáctica, han recogido el guante y han terciado en la copla con el famoso estribillo de atribuir el fracaso escolar a las excesivas vacaciones de niños y niñas; acto seguido, rancios grupos gremiales de los más rancios centros de enseñanza, impasibles por lo general a cualquier agresión de carácter laboral o pedagógica, han clamado solidaridad ante lo que consideran la más grave ofensa a sus derechos profesionales; por último, grupos de alumnos se han sentido atraídos por algunos destellos del problema y no han dudado en amenazar con movilizaciones si las alambradas les separan del bocadillo y del paseo matinales. He aquí, por tanto, cómo por fin los sectores educativos, todos a una y no obstante sus visiones divergentes, han conseguido ponerse de acuerdo acerca de determinar cuáles son los males y bienes de la enseñanza en España. Y así, con esa monotonía de los otoños escolares, el curso se ha emprendido y nadie sabe verdaderamente cómo ha sido.
 

    Pues bien, desenmascarada la futilidad de todo ese entramado anterior, si alguna conclusión seria puede extraerse del mismo es la conveniencia de acordar soluciones para tan severas inquietudes  y hacerlo, no desde el ordenancismo en que incurren muchas de las autoridades educativas, sino desde la discusión, la negociación y el entendimiento entre todas las partes implicadas que, por una vez y como hemos dicho, parecen compartir la oportunidad de abordar tales cuestiones. Y hacerlo, además, conscientes de que se trata de una falsa polémica a la que se nos ha conducido con alevosía, para que así podamos cuanto antes y sin ninguna otra añagaza sentarnos a solucionar los verdaderos retos de la educación.
 

    Para contribuir a tal fin, el Sindicato de Enseñanza de CCOO, sin perjuicio de abundar en otro tipo de consideraciones posteriormente y en el ámbito que resulte adecuado, apunta aquí una perspectiva que la opinión pública debe tener muy presente. Cuando hablamos de ampliar la jornada lectiva, de modificar el calendario escolar o de la vigilancia en los períodos de recreo, es muy peligroso, amén de equivocado, tratar con ello de resolver trastornos sociales ajenos a lo estrictamente educativo, pues la complejidad cada vez mayor de nuestra sociedad ni debe ni puede ser resuelta sólo desde el ámbito de la escuela. Ábranse los colegios e institutos las 24 horas de los 365 días del año, si así se estima, pero diferenciando claramente jornada lectiva de jornada escolar, es decir, nunca a costa de la jornada de profesores y alumnos sino creando el empleo necesario para atender las nuevas demandas sociales. Modifíquese el calendario escolar no para ampliarlo a capricho, pues de ninguno de los rigurosos informes de la Unión Europea o de los teóricos de la pedagogía se desprende tal necesidad, sino para asegurar ritmos de estudio y rendimiento óptimos, sin desequilibrios ilógicos entre trimestres y, sobre todo, rompiendo de una vez la mala costumbre de hacerlos dependientes de las festividades religiosas. Y legíslense, si oportuno parece, las condiciones de los recreos sin abusar del rol de guardia que el profesorado ejerce en las circunstancias precisas para ello, sin disminuir los derechos de los alumnos, y combatiendo a la par la jugosa oferta de locales que el consumo y el ocio ha colocado en los alrededores de los centros educativos.
 

    Sirvan por lo tanto estos apuntes para situar la polémica en su justo lugar y dotarla de algún sentido constructivo, alejado de la frivolidad de muchas de las declaraciones vertidas al respecto. Es objetivo de nuestra organización sindical animar también con ello a la propia Consejería de Educación de Castilla y León, para que encare estos asuntos con buenas maneras (discusión, negociación y acuerdo), lo que sin duda vendrá a asegurar desarrollos y comienzos de curso mucho menos caóticos que el presente, donde su obcecación por imponer un calendario ha producido abusos, irregularidades, desorden y desbarajuste para toda la comunidad educativa.

Publicado en T.E. Castilla y León, diciembre 2000

Día de la enseñanza

    Como una forma  de homenaje a los maestros, la editorial Espasa Calpe acaba de publicar el libro Nadie olvida a un buen maestro, en el que Raúl Cremades conversa con personalidades españolas sobre la influencia que recibieron de sus profesores. Por otro lado, a lo largo de los últimos meses dos películas menores con tintes entre lo emotivo y lo amargo, La lengua de las mariposas y Hoy comienza todo, han situado también en primera  línea de cartelera el ayer y el hoy de figuras consagradas a la enseñanza, hasta tal punto conmovedoras que pocos han podido sustraerse a sus efectos turbios. Finalmente, dentro de este mismo orden artístico-docente, imposible es ignorar el éxito de ventas que en las citas con el consumo de los años recientes han constituido reediciones de enciclopedias, parvulitos y cartillas, que en su día tal vez fueran  sangre para la letra y que hoy se nos presentan, muy por el contrario, disfrazadas con la hojarasca sentimental de la memoria.
 

    Así, desde una perspectiva de espectadores -la más común en nuestro tiempo-, bien podría parecer que el fenómeno educativo se ha adueñado de alguna de las pasarelas de la moda, o que incluso participa en pie de igualdad con otra serie de inquietudes que conforman el ser español de nuestros días, a saber, el precio de la gasolina, los laberintos digitales, la ingeniería bursátil, las treguas perdidas, las campañas electorales, las turbulencias del balompié, el virus de la gripe... todo aquello en fin que ameniza los bonitos telediarios de la primera. Pero no es así: ni nuestros profesores tienen por lo general la estampa de Fernando Fernán Gómez ni el talante de su personaje, ni los textos con los que trabajamos al lado de nuestros alumnos rezuman el tono enciclopédico del pasado. Y, por supuesto, ni a nuestros centros de trabajo ni a la sociedad que los envuelve, cada vez más cercanos o superando posiblemente a los expuestos en el filme de Tavernier, se les reserva un hueco en los anaqueles de las grandes superficies.
 

    En este año tan insoportablemente redondo de 2000, la enseñanza pública y sus agentes, las profesoras y profesores, se acomodan una vez más a la partida de cartas marcadas y señas vistas, con el ademán propio de los jugadores adictos, de los tahúres trasnochados y de los perdedores sin escarmiento. Se acomodan porque sin duda la actividad educativa, con notables excepciones, es cada día más una tarea funcionaria y, en virtud de las agresiones externas y de los vicios endógenos que padece todo su entramado, resulta evidente que el sálvese quien pueda se ha convertido un poco en el estribillo más repetido en ese ambiente, para cuyo éxito nada mejor precisamente que la funcionarización del rol de educador. Pero, claro, al lado de esa condición de casi obligado cumplimiento, a nadie se le despista tampoco la enfermedad de tizas y pupitres que define todavía a estos jugadores irredentos, que evocan en sus conversaciones el esplendor de antiguos casinos al tiempo que se resignan al rincón cada vez más secundario que les otorga el croupier en el reparto.
 

    En efecto, durante la última década se han alterado sensiblemente las reglas del juego, y en especial sobre los profesores y profesoras de la enseñanza pública ha recaído el reto de la renovación, sin que ello haya supuesto en paralelo un reconocimiento acorde a lo exigido por parte de las administraciones y de la sociedad española. Desde 1990, fecha en que fue aprobada la LOGSE, se han perdido varias oportunidades para sacar adelante una Ley de Financiación de la Enseñanza, que viniera a fortalecer la implantación del nuevo sistema educativo y asegurara el éxito de un nuevo rumbo que, al margen de posiciones divergentes sobre asuntos concretos perfectamente evaluables con el paso del tiempo, apuntaba interesantes conquistas sociales: la ampliación de la educación obligatoria, la dignificación de la formación profesional, la integración y la atención a la diversidad, etc. La experimentación de la reforma y su posterior puesta en marcha supuso un esfuerzo para el profesorado, emplazado por ella a una nueva formación personal que permitiera la adaptación a nuevos currículos, la introducción de nuevas tecnologías, la toma de decisiones compartidas conforme a la autonomía de los centros, la evaluación de la labor docente y otros extremos que, al cabo, no han recibido la consideración que todo ello debiera haber merecido. Esa circustancia, desalentadora en cierto modo, se ha agudizado precisamente en los cursos más inmediatos, a medida que las decisiones gubernamentales, lejos de apostar con firmeza por un sistema público de enseñanza, han otorgado prebendas y favores exagerados a los mercaderes de doctrinas, rompiendo el equilibrio existente entre lo público y lo privado. Y aún mas: ¿hacia dónde apuntan las iniciativas más recientes del gobierno?. Evidentemente hacia la regresión. Vuelven a oírse noticias sobre la conveniencia de establecer itinerarios que criben al alumnado; se proyectan pasarelas entre los grados de la formación profesional, que habrán de degradar de forma inevitable los ciclos superiores sin con ello ofrecer inserción laboral a los medios; se postulan de nuevo los arcaísmos religiosos a la par que se restringe la optatividad y se regatean los apoyos y desdobles; se encubre bajo el ropaje de las humanidades el desprecio por asignaturas que se desearían nuevamente condenadas a los altares marianos; y se digitalizan las aulas con afán de modernidad a la misma velocidad que se cierran las escuelas y se reducen las plantillas, dos especies sin duda de la arqueología pretecnológica.
 

    Así pues, a nadie extrañará que en medio de estas borrascas haya pasado emocionalmente desapercibido un hecho sin embargo trascendental, del que en buena medida depende el futuro de cuanto aquí se ha tratado. Desde el pasado 1 de enero la Junta de Castilla y León es la responsable de gestionar los asuntos educativos en nuestra región, y con ello se abre una larga marcha de negociaciones de cuya cosecha habrán de extraerse los ejes sobre los que fundamentar la construcción educativa de castellanos y leoneses. Dos acuerdos recientemente suscritos entre la administración autonómica y los agentes sociales permiten aventurar ciertas expectativas de bonanza, si bien ese horizonte apenas apreciable todavía  sólo podrá alcanzarse realmente si el grado de motivación y compromiso del profesorado, a través de sus organizaciones sindicales, responde, como lo hizo con otros, a este nuevo desafío y es capaz de vincular al ejecutivo regional con la defensa de la enseñanza pública por la que todos nosotros trabajamos.
 

    Con motivo de este 28 de enero, declarado en el presente curso Día de la Enseñanza, la Junta de Personal de Centros Docentes no Universitarios propone a la sociedad leonesa estas reflexiones tan necesarias como los textos y películas arriba enunciados, por cuyo éxito también nos felicitamos pues alumbran imágenes bien alejadas de los arquetipos profesionales más en boga y de las servidumbres más perversas. En palabras de Félix de Azúa, “aunque profesores y maestros perciban los sueldos más ridículos de la Administración, ni ellos mismos sueñan con recuperar lo perdido en los últimos diez años. Profesores y maestros, último cuerpo religioso que le queda al Estado, no ejercen su profesión como un hábil modo de agarrar por el gaznate a la clientela. Sólo tratan de agarrar algún cerebro solitario y honrado que aún conserve cierta capacidad de autonomía en el océano de niebla gris creado por los últimos gobiernos”.

Comunicado suscrito por la Junta de Personal Docente de León, enero 2000 

El efecto frontera

    El efecto frontera esparce su sombra sobre los días de junio y su filtro trastorna la percepción de cuantos nos reconocemos en el espejo del calendario. En este caso, junto a la reedición de un ciclo que se vence -el curso académico- y al lado de una estación que muda hacia el sofoco, otros límites de más rara especie se alzan en torno para acentuar el desorden y la inquietud, el suspiro profundo y el gesto curioso, el finiquito y la renovación, síntomas todos ellos de la enfermedad fronteriza. Sin agotar la nómina de posibles, que en esta oportunidad alcanzaría incluso al vértigo finisecular, adecuado parece detenerse en el análisis de dos procesos actualmente en tránsito, y hacerlo además con distancia que nos proteja de la vacuidad o de la euforia propias de los trances de pasaje.

    El cambio de legislatura en Castilla y León se nos revela en esta ocasión unido al cambio inmediato de titularidad en los asuntos educativos, y una y otra mudanza son susceptibles, como decíamos arriba, de provocar tanto el exceso y el ruido como la desconfianza y la inseguridad. Sea como fuere, quien esto suscribe, integrante del colectivo de afectados por tantas fronteras líricas o épicas, asiste al espectáculo con una actitud preventiva, a medias entre la cautela y la perplejidad; y a la hora de su traducción en palabras, no puede por menos que optar por la vía de la historia, esto es, por el mayor alejamiento posible de las sendas turbias de lo inminente.

    Conviene advertir que desde el ángulo de la construcción autonómica, esta región apenas si ha consolidado solamente en sus años de vida el eje administrativo y el financiero. El primero de ellos, nacido en parte desde la nada y en parte desde la reconversión de estructuras pretéritas, fue alumbrado durante el mandato socialista, aquella brecha de cierto progreso abierta brevemente en el cuerpo amojamado de la política tradicional castellana y leonesa; con posterioridad, los sucesivos gobiernos conservadores no han hecho sino fortalecer y extender el aparato, procurando llevar el agua a sus molinos, de forma que los ciudadanos reconozcan al menos la existencia de los entes señalados con el rótulo Junta de Castilla y León, aunque no siempre puedan identificarse sus contenidos. Junto a esto, el aporte de los gobiernos de Aznar, Posada y Lucas se ha fundamentado sobre el eje financiero, es decir, en la asunción de competencias de orden económico, sin excesiva contaminación por factores ideológicos internos o propiamente asentadores de conciencia regional, tal que en la actualidad las gentes de León y de Castilla lo que básicamente perciben de su administración autonómica difiere poco de una entidad de crédito, bien en su aspecto recaudador, bien en el de proveedor de subvenciones.

    Pues bien, esta grisura regional, intencionada desde el planteamiento de una derecha que no está dotada ni lo pretende para otro tipo de edificaciones, se dispone ahora a revestirse con uno de los elementos que, junto al sistema de salud, más decisivamente contribuyen a la arquitectura territorial: la gestión de su red educativa. Dada su capilaridad, su trascendencia y la repercusión sobre los futuros ciudadanos, incluso en una comunidad tan envejecida como la nuestra, esta vez sí que nos encontramos frente a un eje generador y no solamente arbotante como los antes reseñados. Por ello, si el previsible resultado de las elecciones autonómicas se confirma (escribimos cuando es mayo todavía) y la mayoría popular abrasa todo signo de renovación institucional, lo que al otro lado de la linde se adivina no es precisamente alentador de ilusión, por más que se puedan convenir relativos avances merced a las transferencias, sino la perpetuación mediante nuevos, fecundos medios, de un concepto de región con un exclusivo carácter económico y burocrático, siempre al servicio y mayor gloria de sus dueños.

    Así pues, erguidos sobre la muria que separa el ahora del porvenir, y acordado que los años precedentes anuncian un futuro levemente halagüeño así para esta región deshilvanada como para su tejido educativo, retornan los cronistas a los claustros de la memoria, para proyectar sobre el presente reflejos que no deberían nunca consumirse en el olvido. De entre los nombres que fueron, pero que habitan todavía en el devocionario de cuantos le han convivido en lo político o en lo docente, uno viene a asomarse con incuestionable privilegio a la encrucijada que aquí hemos tratado. Justino Burgos González, en su día catedrático de la Universidad de León, inauguró en la primera legislatura autonómica la que pronto se tornará sede de nuestros quebrantos, la Consejería de Educación y Cultura. A medida que aquel germen iba con pulso firme derivando hacia el simulacro cultural de nuestros días, otros nombres de sucesores en el cargo venían a ennoblecer más si cabe el de este profesor perdido hace años para nuestra geografía política y académica. No se pretende en este momento elevar un panegírico a destiempo para retozar en los esplendores del pasado, perspectiva tan traidora como la de aquellos que fían en lo todavía por llegar la panacea para todos nuestros dolores y así lo cantan. Por el contrario, lo que sí nos parece de recibo, puesto que nadie lo llamará a la cita ni a la liturgia de la firma, es convocar en estos papeles sindicales la figura de quien, de haber sido llamado a gestionar el traspaso educativo, hubiera sin duda marcado impronta, estilo y genio, ya para negociar con otras administraciones o con los agentes sociales, ya para gestionar definitivamente las competencias. Ése fue su pesar, y el de muchos en aquella coyuntura, cuando hubo de abandonar tempranamente la Consejería que él había puesto a andar;  pero esa misma era la condena de las autonomías conocidas como de vía lenta, y ésa es aún nuestra deuda con él. Aquí, en la frontera.

Publicado en T.E. Trabajadores de la Enseñanza Castilla y León, junio 1999

De pueblo

    Se recuerda todavía en los cada vez más profundos pozos donde se refugia la sensibilidad aquellas dos páginas siniestras que aparecieron en La Crónica de León el 9 de diciembre de 1986. Al hilo del conflicto étnico de Riaño (recordemos: fue aquel el año de la ejecución del valle so pretexto de unos riegos que todavía hoy los agricultores reclaman inútilmente), Julio Llamazares y Tino Gatagán nos regalaron un desfile sobrecogedor de esquelas, con las que ilustraban el sentimiento herido de numerosos ciudadanos ante la pérdida fatal de un puñado de seres vivos: Oliegos, Casasola, Bárcena, Vegamián, Burón… Efectivamente, esos y otros nombres conformaban la geografía mortal de los pueblos leoneses ahogados para siempre bajo las aguas de embalses implacables. Aún es tiempo en que su sonoridad conmueve al recitarlos: Miñera, Oblanca, Lodares, Huelde…

    Seis años después, en 1992, Luis Pastrana publicaba su libro Despoblados leoneses, un nuevo recorrido por los paisajes de la desolación, ocasionada esta vez por otro tipo de enfermedad mas de idéntico desenlace: pueblos muertos condenados al abandono, la rapiña y el saqueo. Un par de notas, de entre el despliegue fotográfico y documental, resultaban estremecedoras: respecto a datos de 1950, un total de 86 localidades habían desaparecido o estaban al borde de su extinción en 1991; otras 52 sobrevivían en las mismas fechas en torno a la decena de habitantes; finalmente, superaba los 200 la relación de despoblados leoneses a lo largo de la historia. Como en el caso de Llamazares y Gatagán, también Pastrana aportaba su fúnebre letanía: Ferradillo, Mirantes, Folgoso del Monte, Foncebadón…

     Valgan las dos referencias precedentes, ambas con su salmodia emotiva, para acercarnos desde el borde del abismo finisecular a una tendencia patológica persistente, contra lo que los índices económicos e hídricos podrían sugerir, cuyos gérmenes continúan actuando sobre un cuerpo rural doliente y desnaturalizado. Durante un tiempo nuestros pueblos murieron, bien bajo el efecto del agua que obligaba al sacrificio de unas poblaciones para el abastecimiento y el regadío de otras más privilegiadas en la selección de la especie, bien por razones económicas y culturales que dieron al traste con formas de vida apenas recordadas hoy merced a las colecciones etnográficas, las festividades rancias y la cosecha inmutable de los folcloristas. Pero ese proceso degenerativo no ha concluido, sino que, superada en apariencia la fiebre del pantano y triunfante el valor terapéutico del turismo rural y otros retornos al origen, nuevas formas perversas contaminan, infectan y destruyen pueblos hasta hace poco sanos en su condición, y que en escaso años están perdiendo su sentido, no para desaparecer como entidades físicas, pero sí para nublar definitivamente su destino. Me refiero al lamentable proceso de “arrabalización” que padecen localidades próximas a los grandes núcleos urbanos de nuestra provincia y en particular a su capital.

Otoño en la Sobarriba

    La moderna vida urbana acumula, como de todos es sabido, inconvenientes de diverso grado que, en mayor o menor medida, lejos de alcanzarse su solución, se agravan con el tiempo y con el crecimiento a veces desordenado de las ciudades. El tráfico, el tratamiento de los residuos, la polución, los asentamientos industriales, etc. constituyen infecciones tan serias que, por lo general, el único tratamiento que cabe ya aplicárseles no es otro que el de su extrañamiento más allá de los confines de la urbe y, a tal fin, se diseñan rondas de circunvalación, se construyen centros para el tratamiento de residuos y plantas depuradoras, se programan polígonos con carácter exclusivamente industrial, etc. Estas medidas, aun debidamente planificadas y desarrolladas conforme a leyes que podemos considerar útiles para la comunidad, causan no obstante más de un trastorno (he ahí, por ejemplo, el severo problema con que se topa esta provincia a la hora de ubicar un depósito para sus desechos) y no siempre suponen un remedio convincente (obsérvese el caso de la muy peculiar ronda inacabada de la ciudad de León). Ahora bien, ¿qué sucede cuando, en una acción mimética, las raíces de muchos de esos problemas se trasplantan de manera absolutamente irregular hacia las pequeñas poblaciones vecinas? Si ese procedimiento, cuando es convenientemente bendecido, produce de por sí inevitables pegas, ¿cuál puede ser el resultado si se adopta la vía digamos “alegal”?

     Pues bien, a partir de la creencia maliciosa en que no se puede poner puertas al campo, unida a la desidia, escasez de medios y, en algunos casos, complicidad de ayuntamientos de pequeño rango, lo que produce es una colonización salvaje de los pueblos por parte de los tumores que la ciudad excreta. Esos pueblos que, lejos de haberse desarrollado (en el sentido más positivo) de forma paralela a la ciudad inmediata, han permanecido dormidos bajo el abandono de las administraciones asisten de repente –porque el proceso es veloz como una peste- a la propagación del cáncer para el que desde luego no estaban preparados, y sus habitantes, vencidos por la impotencia y en ocasiones por la edad, contemplan resignados la brusca violación de su entorno y padecen sus consecuencias.

    De esta forma, lugares que pese a su proximidad a una población importante han conservado su fisonomía primitiva (y ello incluye no sólo su ruralismo lírico sino –lo que es más importante para nuestro caso- un evidente subdesarrollo en los servicios, equipamientos e infraestructuras) acogen por la ley de los hechos consumados buena parte de aquello que otros rechazan y para lo que, obviamente, no reúnen las mínimas condiciones exigibles. Y además, como quiera que este proceso nace y crece viciado, ningún beneficio colateral se deriva de él hacia esos espacios parasitados: ni los impuestos, cuando los hay, redundan en mejorar las condiciones de vida en el entorno, ni desde el punto de vista laboral suponen las más de las veces puestos de trabajo para los vecinos de esas zonas. Por el contrario, el mal estrangula más y más impidiendo justamente toda otra forma de desarrollo más humano (pensemos en el uso residencial) y enseñoreándose de la escena como un auténtico ejército de ocupación.

     Basta un breve paseo hacia el alto del Portillo y superar el minúsculo letrero que señala la frontera entre el municipio leonés y la Sobarriba para contemplar el alcance de la barbarie. Aparecerá ante los ojos del caminante el ejemplo grosero de cuanto he tratado de explicar: la barahúnda de naves industriales, de dudoso gusto y contenido, diseminadas a la ligera, sin criterio, sin atender a la presencia cercana de viviendas y saqueando incluso los bienes comunales; vertederos incontrolados, electrodomésticos abandonados como animales metálicos inertes, cunetas donde se enfangan grasas y aceites de motores y maquinarias, y vehículos plantados como oxidadas estatuas en medio de la nada; pesados transportes arrastrando su tonelaje sobre débiles vías locales varadas casi en los tiempos de los carros sin engalanar, bandadas turbias de furgonetas para las que -¡estamos trabajando!- parece no regir norma alguna de tráfico, y los aparcaderos nocturnos de los autobuses públicos de la ciudad de León que, paradójicamente, no prestan ningún servicio para unir la metrópoli con su colonia esquilmada; columnas de humo negro y denso producto de la combustión de plásticos y embalajes, y vertidos de todo tipo que viajan sin control para morir en las alcantarillas o en los aliviaderos naturales de los valles, olores, ruidos, cables, muchos cables, y ratas, muchas ratas. Un sinfín de síntomas malignos para una infección tan perturbadora que nos conduce incluso a considerar natural lo que evidentemente no es sino una agresión contra un espacio desprotegido.

     Se dirá que exagero y no lo negaré. Se pensará que me quedo corto y tampoco enmendaré esa opinión. Mi discurso surge de los cada vez más profundos pozos donde se refugia la sensibilidad, y desde esas simas no cabe otro juicio ni otro tono. Dejo los demás registros para quienes, en este año de comicios locales, elaboran programas y construyen listas de candidatos, entre los que siempre, tenazmente, inevitablemente, habrán de figurar individuos con vitola de alcalde vitalicio que han asistido, asisten y asistirán a la devastación de este tipo de poblaciones impasible el ademán. Y lo hago con la esperanza un poco pueril de que las retahílas con que arrancaba este escrito no tengan su continuidad inmediata en nuevas series de cadáveres sonoros, entre otros, Valdelafuente, Corbillos, Arcahueja, Golpejar, Tendal…

Iglesia de Corbillos de la Sobarriba

Publicado en La Crónica de León, 15 marzo 1999

PLAZA MAYOR: Por aquellas cuestas

    Desde Vela, vela, va (1989) hasta el presente Por aquellas cuestas (1999), sin olvidar el paso intermedio que supuso A tu puerta (1992), el ejercicio de restauración artística llevado a cabo por el grupo Plaza Mayor a lo largo de los últimos diez años, constituye indudablemente un eslabón imprescindible para la cultura de nuestras tierras y de nuestras gentes, aquél que enlaza la tradición con la modernidad para proyectar sobre el hoy melodías y textos apenas envejecidos, o quizá por ello todavía frescos.

     Encomiable por lo tanto nos debe resultar tarea tan tenaz como discreta la de este grupo de músicos, a contracorriente de cuanto se estila, se vende y se difunde desde los templos culturales establecidos. Ya en un principio, la propuesta que proclamaba tan sonoro nombre -Plaza Mayor- venía a enlazar, a través de laberintos de música, con los espacios abiertos y libres que desde antiguo han acogido los mejores ejemplos de convivencia y de creación. En efecto, pocos lugares como las plazas mayores, así como sus precedentes históricos, pueden señalarse a la vez como metáforas del arte y de la vida urbana, donde por igual eran albergados los mercados, los cafés, las manifestaciones, las fiestas, los indígenas y los transeúntes. Así fuimos creciendo, extendiéndonos desde ese núcleo original hacia otros ámbitos cada vez más confusos y desordenados, pero siempre con la referencia primitiva en nuestros sentidos. Cierto es que el tiempo ha transformado nuestras costumbres y, en muchos casos, con ello se han erosionado también esos espacios, hasta el punto de que algunos no muy apartados de nosotros se significan en la actualidad tan sólo por la degradación, el abandono y el trasiego de berzas y cebollinos. Si el alma de los pueblos se refleja en el rostro de sus plazas, sin duda la de León, alma y plaza, no puede mostrarse más despreciada.

    No obstante, se me figura que a modo de desagravio, otra Plaza Mayor  cultivada con el mimo que merecen así los recintos públicos y compartidos como los rincones privados e íntimos, nos ofrece el tercer documento de lo que es un digno y prolongado quehacer. En estos tiempos en que algunos descubren las bases folclóricas y étnicas como fundamento de sus nuevas músicas, con lo que nos advierten de lo poco que hemos avanzado en verdad desde los tiempos de la tradición oral, Por aquellas cuestas, título de este trabajo, nos acerca de nuevo a la raíz, pero también al tallo, a la flor y al fruto, de la canción. Lo que cabe, a la luz de este producto, es preguntarse sobre el esplendor de parte de estas músicas de raíz, mientras que otras expresiones estéticas de similar calibre permanecen en una injusta ignorancia. O lo que es lo mismo, ¿qué extraños mecanismos rigen la vitalidad, la prestancia y el donaire de ciertas plazas mayores, frente a otras que, engendradas por el mismo soplo, se acomodan a la ruina, al olvido y a la incuria?

    Sean éstas, pues, palabras de estímulo para los artistas y para quienes se reconozcan y se gocen en sus músicas. A los primeros, exhortémosles a mayores riesgos y a necesarias ambiciones. Los segundos, démonos al vicio solitario de su reproducción técnica, mas no desaprovechemos ocasión de salir para cantarlas bien acompañados en los escenarios abiertos de nuestras plazas mayores.

Texto de presentación en el CD de referencia, marzo 1999