A principio de este mes de julio, la Junta de Castilla y León inició la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del complejo minero del wólfram en la Peña del Seo (El Bierzo). Bueno es que así sea, aunque tal declaración tampoco garantiza nada en cuanto a conservación y restauración de lo que sea posible y adecuado. También en 2011 se procedió a señalar como BIC, con categoría de conjunto etnológico, el Pozo Ibarra de Pola de Gordón y estamos como estamos. Así mismo, largo tiempo llevan los castilletes mineros de Sabero (Pozo Herrera I, en Sahelices de Sabero, y Pozo Herrera II, en Sotillos de Sabero) reclamando sin éxito la misma calificación BIC.
Sea como sea, lo cierto es que, a estas alturas del desastre, nadie duda de que el patrimonio minero, material e inmaterial, de las cuencas de León y de Palencia, y no sólo el carbonífero, constituye una riqueza cultural importante para esas tierras deprimidas. No las sanará, pero sí contribuirá a aliviarlas una gestión coherente de ese acervo que le dé cohesión, que lo ordene y lo ponga al alcance de la ciudadanía, sean aborígenes, investigadores, turistas o simples viajeros. Sin embargo, no sucede así. Las administraciones provinciales y autonómica parecen más bien empeñadas en promover una competencia salvaje entre municipios con pequeñas subvenciones, que no dan para nada, y con regates en cuanto a declaraciones y apoyos que sólo sirven a la servidumbre. Baste una muestra: en 2024, la Diputación Provincial de León concedió ayudas “para recuperar y poner en valor el patrimonio minero” por un total de ¡138.000 euros! que se repartieron nada menos que entre nueve afortunadas entidades locales.
Así pues, frente al actual patrimonio minero fragmentado, la pregunta obligada es: ¿para cuándo la asunción seria y decidida del título “patrimonio cultural minero” para todo ese territorio? Ese proyecto integral, esa red, supondría articular la mayor ruta minera de España, un incentivo cultural y turístico de muy alta calidad.
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