El
12 de abril de 2018 es la fecha en que inició su recorrido el Decreto de la
Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Tardó en llegar más de lo
debido, pero finalmente vio la luz. Gobernaba entonces en la Comunidad Autónoma
el Partido Popular en solitario. En un segundo estadio, otro gobierno, formado
ahora por PP más Ciudadanos, continuó desarrollándolo. Como parte también del
abrigo de dicho Decreto, además de la propia Administración, figuran las
entidades que han formado parte de su Consejo Asesor, es decir, las
asociaciones para la recuperación de la memoria, las cuatro universidades
públicas, la Federación de Municipios y Provincias y CCOO y UGT como sindicatos
más representativos. Con mayor o menor éxito, los trabajos derivados del
Decreto en cuestión han tenido siempre buena acogida, al margen de que sean
mayores las aspiraciones de muchos de nosotros en esa materia.
Fruto
de las deliberaciones y opiniones emanadas del Consejo, los gobiernos crearon
una unidad administrativa al efecto; han aportado financiación reglamentaria
para exhumaciones; han intervenido, como sucedió en Villadangos del Páramo,
ante el incumplimiento de las leyes; o han encargado y financiado el mapa de
fosas en Castilla y León. Además, en el último tramo de su andadura, el Consejo
aprobó por unanimidad el itinerario que le tocaba seguir a la Junta de Castilla
y León en estos temas, a saber: localización, exhumación e identificación de
víctimas; divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de
verdad, justicia, reparación y no repetición; favorecimiento del enterramiento
regular de las víctimas halladas o, en su lugar, dignificar los lugares de
enterramientos irregulares; inventario de fortificaciones de la guerra civil; y
elaboración de unidades didácticas sobre estos temas.
Este
es el panorama y el plan de trabajo con los que se llegó a la reciente
convocatoria electoral y a las nuevas perspectivas abiertas en función de los
resultados de la misma. La novedad que ahora se presenta, una novedad dramática
para la materia que tratamos, es la pretensión de un nuevo grupo político con
aspiraciones de formar parte del Gobierno de dar carpetazo a estos asuntos y
sentenciar el Decreto. Sin pretender cuestionar los resultados electorales, lo
que se advierte es que la voluntad torcida de un grupo persigue anular la de
todos los demás, que en ningún momento se han pronunciado ni mucho menos contra
del Decreto, tal y como se verificó con el rechazo general a una PNL adversa en
la legislatura recién agotada; o, de otro modo, mediante componendas, 13
procuradores imponen su equívoca visión histórica sobre la de los otros 68.
Traládese eso mismo al cuerpo electoral.
La
aritmética sumada a la razón debe ser la guía para reconocer lo que es o no es
aceptable por el común de la sociedad, sobre todo para que sea tenido en cuenta
por el partido llamado a formar gobierno, el Popular. Y en eso también está
llamado a retratarse Alfonso Fernández Mañueco: mostrar su coherencia o su
conveniencia, expresar su convicción democrática o su acomodamiento, destacar
su afán de justicia o su liquidez moral.
Oportuno es
concluir estas reflexiones regresando sobre el texto del Decreto ahora
discutido. Señala en su preámbulo: “Los valores democráticos y la defensa de
las libertades se constituyen, en el Estatuto de Autonomía, como principios que
han de regir todas las políticas públicas, que han de orientarse a la promoción
de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos,
rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación
o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y
la dignidad de las personas”. Pura humanidad.
Publicado en El Día de Valladolid, 5 marzo 2022