Da apuro escribir sobre pensiones en estos tiempos electorales. Lo que menos quiere uno es contribuir al ruido. Sin embargo, los años pasados en la dirección de un sindicato implicado directamente en esa materia e incluso alguna huelga por ella motivada son el aval que me permite aportar mi opinión. Sabrán lectores y lectoras si les merece la pena tomarla en consideración.
Un recordatorio inicial. Las reformas, las herramientas establecidas para asegurar ingresos y los compromisos acordados en el diálogo social entre 2021 y 2024 garantizan la suficiencia de las pensiones públicas y su sostenibilidad a largo plazo y dan continuidad a las reformas acordadas entre 1995 y 2011, en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social, lo que constituye la mejor garantía para nuestras pensiones públicas y la continuidad y pervivencia de esas reformas. Por el contrario, la única reforma que no subsiste es la que se aprobó por el Partido Popular, sin acuerdo alguno en 2013, que reducía sustancialmente la cobertura de las pensiones públicas, hasta que fue derogada en 2021. Así lo han validado los sucesivos informes técnicos elaborados por organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Europea y el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones. Por lo tanto, el relato actual de las derechas es falso y responde a otros intereses.
Y una referencia para no olvidar. Las cajas de ahorro fueron el último escollo para cumplir el sueño de la apropiación o privatización absoluta del dinero, se convirtieron en el objetivo más codiciado para entes financieros y grandes fortunas. Por eso se liquidaron. También por sus errores, es cierto, pero sobre todo por lo antes dicho. Y ahora, del mismo modo, hay otro gran bocado público con ganas de ser devorado por los mismos mercaderes: las pensiones. Todo ello en debida consonancia con otros procesos privatizadores en la enseñanza y en la sanidad. Y quien pueda resistir que resista, será el eslogan.
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