Discordia

            ¿Qué entiende un gobierno de extrema derecha, qué entiende en concreto el gobierno de extrema derecha de Castilla y León que es concordia? Basta con una lectura paciente del Proyecto de Ley que ellos llaman de ese modo y que pretenden someter a la consideración de las Cortes Autonómicas para comprobarlo. Básicamente, se trata de un texto revisionista desde el punto de vista histórico, opuesto en el fondo a la justicia y reparación, burocrático en exceso, desorientado en sentido cronológico, no transparente, ideologizado al extremo y no abierto a la participación de la sociedad. Es, en suma, un Proyecto de Ley que choca frontalmente con los derechos de memoria, reparación y voluntad de no repetición, aparte de entrar en flagrantes contradicciones con las leyes estatales a las que dice vincularse y que todo gobierno debiera cumplir y hacer cumplir.

 

Con estos mimbres, cualquier estudiante suspendería las pruebas de acceso a la universidad, lo que no obsta, sin embargo, para llegar a ser procurador e incluso vicepresidente de un gobierno de extrema derecha. Es así, sencillamente. Digamos para sostener la anterior afirmación que, entre otras aberraciones, en ningún momento de la exposición de motivos del proyecto se menciona el golpe de estado de 1936 o la dictadura, se les da como no existidos, y se amplía el periodo histórico de atención a entre 1931 y 1978, dando a entender que la Segunda República fue un trance histórico carente de legalidad y no democrático. O que se incluya en el mismo saco a las víctimas del terrorismo, como si no dispusieran ya de su propia y adecuada Ley.

 

            Estamos más bien ante un documento para la discordia, opuesto al acuerdo con el que sí nació el Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, cuya derogación ahora se propone, que fue fruto del acuerdo entre asociaciones memorialistas, organizaciones sindicales de clase y el Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera, aquel rojo al que ahora sus colegas condenan al paredón.

 

Publicado en La Nueva Crónica, 31 marzo 2024